La corrupción, el cultivo de los cebollinos y la moción de censura

OPINIÓN

02 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El estallido de la operación Lezo solo supuso una relativa sorpresa. Son ya demasiados los años en los que el desayuno se adereza con anuncios de que se han descubrimiento nuevas tramas de corrupción vinculadas al Partido Popular e Ignacio González hacía tiempo que estaba bajo sospecha. Lo verdaderamente extraño era que la mayoría de los periódicos impresos de Madrid no cuestionasen la privatización parcial del Canal de Isabel II y no considerasen impropias las inversiones en el extranjero de una empresa pública de abastecimiento de aguas, o que construyese campos de golf, en vez de repercutir sus beneficios en una mejora del servicio, el abaratamiento del recibo o las arcas de la institución de que depende. No solo eso, condenaban como retrógadas las críticas de la oposición o de movimientos ciudadanos a tan innovadoras actuaciones. Extrañeza que disminuye si se tiene en cuenta lo que invirtió la empresa del canal en publicidad bajo los gobiernos de Aguirre y González y qué medios resultaron especialmente beneficiados.

Eso no quiere decir que la nueva trama de corrupción vinculada al PP no ofrezca novedades importantes. Una de ellas es que haya sido la presidenta de la comunidad autónoma quien la denunciase a la fiscalía anticorrupción, lo malo es que han sucedido demasiadas cosas que parecen indicar que no supone un cambio de actitud del partido conservador hacia los delitos y tropelías cometidos por sus dirigentes y allegados. La otra reside en los numerosos y llamativos indicios de que el gobierno, por medio de su ministro de Justicia, pretende controlar a los fiscales, como en otras ocasiones intentó con los jueces, para limitar los daños de las investigaciones y conseguir la exculpación de los implicados más conspicuos, a la vez que aislar a los posibles condenados del partido. El Ministerio del Interior parece colaborar para lograrlo con el señor Catalá.

Las escuchas a Ignacio González, que han publicado diversos medios de comunicación, alarman especialmente porque sus sugerencias parecen haberse convertido en realidad. Tiene poca explicación ética y políticamente aceptable que un presidente del gobierno que llegó al poder con rotundas promesas sobre la independencia de la justicia se haya empeñado en aumentar el control de su partido sobre el Consejo General del Poder Judicial y haya forzado el cese prematuro de dos fiscales generales que, aunque de ideas conservadoras, resultaron, precisamente, demasiado profesionales e independientes. La simpatía de los presuntos corruptos por los fiscales Maza y Moix y las decisiones que han adoptado en los últimos días dejan en muy mal lugar al ejecutivo y al ministerio fiscal bajo sospecha.