«Liberales» con Franco

OPINIÓN

16 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Es algo recurrente que la derecha española acuse a la izquierda de estar anclada en la guerra civil, cuando no directamente de guerracivilista, la reacción que provocó la aprobación por el Congreso de la proposición no de ley que pretende completar la ley de memoria histórica y propone trasladar la tumba del dictador Francisco Franco más bien indica lo contrario.

Es cierto que hay motivos para acusar al PSOE de proponer cosas desde la oposición que no hace cuando está en el poder. Es innegable que eso sucede con relación a la laicidad del Estado, con el agravante de que sus alcaldes y concejales siguen presidiendo procesiones y otros actos religiosos, o condecorando a vírgenes e incluso quitándole una calle a Pablo Iglesias (Posse) para concedérsela a la Virgen del Carmen, mientras sus diputados censuran que haga lo mismo el ministro del Interior o que haya funerales de Estado católicos. Más discutible resulta cuando se trata de la loable intención de borrar los homenajes a los militares rebeldes de 1936 o a los jerarcas de la dictadura, o de favorecer que las familias puedan recuperar los restos de los asesinados por la represión franquista. La iniciativa de la ley fue del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el PP no solo la rechazó, sino que intentó desde que fue aprobada que resultase lo menos efectiva posible. Si una ley que fue criticada desde la izquierda por demasiado moderada causó una zapatiesta político mediática que solo los desmemoriados pueden no recordar, imaginemos lo que hubiera sucedido de haber intentado el gobierno socialista sacar del Valle de los Caídos los restos del general Franco. Hay quien cree que es mejor dar las medicinas en grandes dosis para atajar el mal con rapidez, da la impresión de que, al menos en este caso, hubiera sido más eficaz ese tratamiento, pero es disculpable que Zapatero se viese inclinado a la prudencia.

Lo que asombra estos días no es solo que se cuestione que un dictador sanguinario deje de ocupar el lugar central de un gran monumento público, mantenido con los impuestos de todos los ciudadanos, o que se cambien los nombres de pueblos y calles que homenajean a notorios fascistas, sino cómo argumenta su rechazo la derecha político mediática, aparentemente tan defensora de la Constitución de 1978 y la democracia.