Nunca desde la reinstauración de la democracia escuché una acusación de tanta gravedad puesta en boca de un partido político. El PSOE, con el beneplácito de las formaciones que apoyaron la reprobación del ministro Catalá y de la cúpula fiscal, acusa al Gobierno de «urdir un plan perfecto para proteger a sus corruptos». Desconozco si la diputada que lo dijo calibró sus palabras, y sus implicaciones, o si aquellas fueron producto de un calentón momentáneo. Conviene dilucidarlo, porque si se demuestra que la podredumbre ya corroe las estructuras del sistema nos hallaríamos en estado de emergencia nacional. Y en tal caso no solo estarían justificadas medidas excepcionales de regeneración, desde la moción de censura hasta la convocatoria de elecciones, sino que serían imprescindibles para demostrar que el cáncer pulmonar del Estado aún no se ha extendido en forma de metástasis por el cuerpo social.
¿Hemos alcanzado realmente ese punto de ebullición en que el Estado conspira contra los ciudadanos? No lo sé, pero hay sobrados indicios de que, como mínimo, nos estamos acercando. A este paso acabaremos recordando con nostalgia la época del «y tú más», la fase en que los partidos competían en densidad de corruptos, presuntos o confirmados, y se zurraban la badana mutuamente con cifras y sonoros nombres propios. Aquella dialéctica producía contusiones en los partidos, heridas más o menos severas en su acrisolado prestigio, pero el sistema salía indemne de la prueba. Incluso fortalecido: cada latrocinio destapado y cada sospechoso llamado a capítulo venían a probar que la Justicia funcionaba y que el delito no quedaba impune. Y Rajoy sacaba pecho: el que la hace, la paga.
El «y tú más» buscaba la exculpación por la vía de la comparación cuantitativa: tus siglas albergan más corruptos por metro cuadrado de poder que las mías. Pero la segunda fase supuso un salto cualitativo. Se produjo al dictaminar los jueces que el Partido Popular mantenía una «contabilidad extracontable», se financió ilegalmente y compartió botín con los saqueadores de España. Ese descubrimiento hace crujir la estructura política del Estado de derecho. Siembra dudas, incluso, sobre la legitimidad de los resultados electorales. ¿Cuáles serían los resultados y el reparto de poder si el PP hubiera respetado las reglas de juego? Nunca lo sabremos.
Y así nos aproximamos a la tercera fase. La más letal. La que consiste en colocar las instituciones del Estado al servicio de los corruptos. La que utiliza los resortes del poder para silenciar a los jueces o amordazar a los fiscales. Y echar tierra sobre los asuntos más vidriosos. Los ciudadanos, hasta ahora bastante tolerantes en las urnas, comienzan a hartarse. Una encuesta elaborada por la empresa demoscópica de Jaime Miquel, colaborador de La Voz de Galicia, así lo señala. La corrupción está hundiendo la marca del PP en toda España. A día de hoy, perdería, con respecto a las últimas elecciones, la quinta parte de sus votos -1,64 millones menos- y 24 escaños.