Algún día, cuando esta locura del independentismo catalán que alienta el odio hacia una España de cuya historia ha sido siempre protagonista principal no sea más que el recuerdo de una pesadilla, los responsables de esta calamidad tendrán que rendir cuentas ante los catalanes y ante todos los españoles. No nos referimos a Carles Puigdemont, a Artur Mas o a Oriol Junqueras, personajes de talla ínfima, políticos mediocres perfectamente olvidables que solo son títeres de un loco juego de intereses. Por supuesto que también ellos tendrán que asumir las consecuencias jurídicas y políticas de sus actos. Pero el pueblo de Cataluña debe saber que, por encima de esos arribistas sin principios, hay otros responsables que permanecen en el anonimato y que, por su influencia económica y social, tienen una culpabilidad mayor, por acción u omisión.
Hablamos por ejemplo, de poderosos empresarios que son perfectamente conscientes de la imposibilidad de que Cataluña se independice de España sin atropellar todas la leyes, pisotear la democracia y poner en riesgo la seguridad económica, jurídica y hasta física de los ciudadanos catalanes. Y que, sin embargo, contribuyen con su silencio cómplice, cuando no con su apoyo económico directo, a echar gasolina en el fuego independentista, convencidos de que el Estado español acabará cediendo a la presión y concediéndoles unas ventajas fiscales que les permitan enriquecerse aún más, aunque sea a costa de provocar una fractura irreparable entre los catalanes y sus hermanos del resto de España, con los que les unen unos vínculos que ni las épocas más oscuras de nuestra historia debilitaron. A eso juegan, porque saben mejor que nadie que la independencia es una quimera con la que se está engañando a los catalanes. Y por ello deberán responder.
Pero son también responsables los propietarios de medios de comunicación que se han vendido a la dictadura del independentismo a cambio de subvenciones y favores con los que han conseguido no solo mantenerse a flote, sino llenarse los bolsillos a costa del resto de catalanes. También ellos tendrán que ser juzgados por la historia. Y deberán responder igualmente los cientos, miles de intelectuales, escritores, actores y líderes sociales que, protegidos en su cómoda opulencia económica, juegan al aventurerismo más infantil alentando el odio a España, sabedores de que, aunque ellos no sufren ni sufrirán las consecuencias de su desatino, hay millones de ciudadanos y pequeños empresarios catalanes que llevan años padeciendo los efectos de esas baladronadas en forma de precariedad económica, recortes, pérdida de competitividad y dificultades de acceso al crédito. Catalanes que están siendo engañados de forma miserable y utilizados como carne de cañón.
Permanecer impasibles cuando el independentismo radical catalán ha dado ya el último e insensato paso de retar al Estado español a utilizar la fuerza contra ellos les convertiría, más que en responsables intelectuales, en auténticos criminales.