El colosal disparate político que planean desde hace meses el Gobierno y el Parlamento de la Generalitat de Cataluña -sublevarse contra el Estado y declarar la independencia por las bravas- solo podía traducirse en una serie de dislates jurídicos de envergadura similar. Publican los periódicos que todo el diseño legal -es decir, ilegal y frecuentemente delictivo- de la operación de secesión está dirigido por eximios juristas, lo que viene a demostrar que saber derecho no evita, por decirlo con palabras célebres de Ortega, hacer «el payaso, el tenor o el jabalí». Para muestra, un botón: esa llamada ley de transitoriedad jurídica, denominación pomposa que da el secesionismo al golpe de Estado que pretende ejecutar en pleno siglo XXI dentro de un Estado de la UE. Tal norma, que parece redactada al alimón por Harpo Marx y Benny Hill, es un engendro que en algunas de sus partes -la relativa al poder judicial, de forma destacada- llega a extremos que avergüenzan a cualquier demócrata: se prevé, por ejemplo, que el presidente de un futuro Tribunal Supremo catalán sea nombrado por el presidente de la Generalitat -¡toma separación de poderes!- o se ordena a los juzgados y tribunales -¡toma respeto a la independencia judicial!- sobreseer o anular «los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscaran un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña».
Ese es el nulo respeto que le merecen principios esenciales del Estado de derecho a los secesionistas, los mismos que llevan meses denunciando la supuesta falta de independencia de la Justicia española. ¡Qué cara dura más inmensa! El secesionismo no se limita a proclamar la muerte de Montesquieu. Va mucho más allá. Nos lo sirve bien asado, aunque con una receta eminentemente catalana -el rostit-, pues no hay que perder nunca la oportunidad de fer país. ¡Y qué país si llegase a ser independiente! ¡Para poner pies en polvorosa!