Plurinacionalidad y federalismo


En la sacudida política que ha representado la victoria de Pedro Sánchez en el proceso de elección directa de Secretario General del PSOE, y en la decisión de la mayoría de militantes que le han dado su confianza, creo no equivocarme si afirmo que ha pesado poco o muy poco su propuesta de «perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado», como recoge el programa de su candidatura. Por una parte, el debate sobre «el ser de España», con resultar persistente en los medios de comunicación a cuenta de las demandas del independentismo catalán, no le dice tanto a una militancia que tiene sus prioridades -justamente- en materias conectadas con el ideario histórico de los socialistas (la redistribución de la riqueza, el trabajo digno, la igualdad, las políticas sociales, la profundización democrática, etc.). Por otra parte, el contexto en el que se produjo la votación interna tenía una serie de ingredientes predominantes (empezando por la crisis tras las elecciones generales y el carácter desabrido de la pugna de poder) mucho más destacados que la discusión abstracta sobre las identidades nacionales. En fin, han sido otros los ánimos prevalentes que han llevado a Pedro Sánchez a la Secretaría General, empezando por las ganas de reafirmar el poder fundacional de las bases y dar un toque de atención a las estructuras intermedias y territoriales de poder interno.

Aunque sea una observación táctica y no de fondo, es discutible, cuando menos, que el PSOE tenga mucho que ganar en esta materia. La voz del PSOE en el debate territorial ha sido, habitualmente, mesurada y sensible al encaje de las tendencias nacionalistas en un proyecto común de España, a veces con errores de cálculo como del que llevó a la dolorosa deslegitimación del voto popular al Estatuto de Autonomía de Cataluña, por un Tribunal Constitucional (TC) al que dejaron pocas alternativas. Ante la posición constructiva -nada sencilla y no exenta de desaciertos, como vemos- de los socialistas, se ha encontrado, sobre todo en los últimos tiempos, la posición ventajista o abiertamente irresponsable de otras fuerzas, que no se enfrentan a dilemas de esta naturaleza en su disputa interna y que están dispuestas a sacar rédito de las tensiones, aunque las lleven casi el extremo. El ruido resultante es monumental y hacerse entender o mediar en estas circunstancias se está volviendo imposible, además de poco productivo en las urnas, como demuestra el fortísimo desgaste electoral de los socialistas en Cataluña y País Vasco.

Evidentemente, ninguno de los argumentos anteriores significa que haya que rehuir el debate territorial. Pero conviene ponderar debidamente el momento en el que estamos y las consecuencias de lo que ahora se propone. Primeramente, tendremos que considerar que, a fuerza de cebarnos en discusiones teóricas donde las posturas son irreconciliables, España sigue sin tener los deberes hechos a la hora de completar su modelo actual, que todavía tiene mucho recorrido por delante. Así, continuamos teniendo un esquema de distribución del poder territorial con importantes defectos, pues al intenso desarrollo autonómico no le ha seguido la consolidación de estructuras federales y de cooperación dignas de tal nombre; y, además ha reverdecido, al calor de la crisis, una tendencia recentralizadora que poco ayuda. Las disfunciones que esto provoca (la más evidente, el fracaso total del Senado como Cámara de representación territorial) y la conflictividad asociada, son difícilmente soportables, dejando además en manos del TC el continuo y arduo parcheo, con el daño consiguiente a la institución. En suma, nadie se ha puesto verdaderamente manos a la obra de la construcción federal y, además, pocos parecen interiorizar lo que realmente comporta, ya sea porque apenas les preocupe el devenir del conjunto estatal (a los nacionalistas, que ni siquiera acuden a la Conferencia de Presidentes) o porque quieran seguir dejándose llevar por las pulsiones centrípetas (el Gobierno central, ejercitando expansivamente sus competencias estatales a despecho de las atribuidas a las Comunidades). El federalismo, sin embargo, es cosa seria y para que funcione requiere confianza mutua y un espíritu de colaboración que, hoy por hoy, es insuficiente a todos los niveles, también en la relación horizontal entre las propias Comunidades Autónomas. Si esto fuera poco, en el plano estrictamente económico, al que muchas veces se reconducen las cosas, asistimos otra vez a un debate envenenado sobre la financiación autonómica en el que los poéticos hechos diferenciales se transforman en prosaicas estrategias para reducir la solidaridad territorial, y donde los votos ahora necesarios en el Congreso de los Diputados pesan más que cualquier pretensión de analizar seriamente la cuestión a fondo, como ha sucedido con la revisión del cupo vasco.

Además, la emotividad de las palabras nos impide ver el bosque y, sobre todo, las repercusiones últimas de su utilización, en un contexto muy incierto. Aludir a la realidad plurinacional, en términos que se pretenden reinterpretar por referencia a la «nación cultural», desprovista de vertiente política, o a una supuesta «nación de naciones», es caer inevitablemente en un subjetivismo y voluntarismo como poco ingenuo. Por otra parte, no es en absoluto ajustado señalar que el artículo 2 de nuestra Constitución ampare la plurinacionalidad, pues los términos «nacionalidades y regiones» que recoge dicho precepto no contemplan una posible nación política distinta de la española -tampoco en su seno-, cosa que el TC tuvo que recordar en su Sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Cataluña, al señalar que la consideración de la «realidad nacional» carece de eficacia jurídica -ni siquiera interpretativa- y que cualquier aspiración territorial sólo tiene cabida en el reconocimiento de las «nacionalidades y regiones», a las que se garantiza el derecho a la autonomía. Metidos en harina dialéctica, los matices terminológicos importan, y mucho, porque plurinacionalidad implica multiplicidad de naciones, que por definición se excluyen y son primigeniamente sujetos de soberanía. Reconducir la autoidentificación de Cataluña a la «nación cultural» significa ir más allá de las previsiones de nuestra Constitución (ciertamente, no intocable) y de la esforzada interpretación hecha por el TC y, evidentemente, tiene consecuencias, porque la nación cultural no deja de ser, en suma, el envés de la nación política, si cristaliza la masa crítica necesaria. Toda nación, como tal reconocida, se considera en última instancia, soberana, para asociarse o separarse por su propia voluntad, por lo que no habría posible reconocimiento de la nación sin, a la postre, admitir honestamente la base teórica del invocado derecho a decidir y sin contemplar la forma en que éste pueda articularse con seguridad jurídica y libertad. Esta posición es teóricamente posible (y seguramente inevitable si el independentismo fuese inequívoca y sostenidamente mayoritario en el tiempo), y, sin género de dudas, un cambio sustancial sobre la situación actual. De este modo, la profundidad política de la propuesta es, a la larga, mucho mayor de la que se dice pretender y la decisión debe ser, por lo tanto, más meditada y mejor elaborada. Con el actual estado de cosas es altamente probable, además, que ningún nacionalismo se conforme, ni siquiera a corto plazo, con dicho reconocimiento de «nación cultural no soberana», porque iría contra su propia idea fundacional de la nación política diferenciada. Y, aunque sea cierto que a la inquietud política de la parte del pueblo catalán que ha expresado claramente su deseo de independencia haya que dar algún cauce de expresión, y la intención sea acorde con la voluntad resolutiva e integradora de los socialistas, con la fórmula escogida posiblemente no se solucione el problema y se creen otros nuevos.

Pedro Sánchez tiene toda la legitimidad democrática para plantear este debate, qué duda cabe; y es verdad que algunas críticas a su propuesta surgen más de la resaca de la confrontación interna que de la reflexión detenida. Pero, en este momento, quizá no haya que gastar más gasolina de lo debido en la cuestión y reevaluar sosegadamente la madurez del planteamiento y su oportunidad política. Posiblemente no sea éste el momento ni el lugar para reflexionar razonablemente sobre ello, y ésta sí que es materia para la activa participación de las federaciones y del PSC, con el tiempo necesario para ello, teniendo además presente que, en este asunto espinoso, un acuerdo amplio es altamente deseable (y no sólo en el seno de este Partido, claro, dada la proyección constitucional del tema). Donde el PSOE tiene camino expedito por andar es en el ejercicio consistente, a todos los niveles (también en Asturias, que ha perdido pulso autonomista), de una posición federalista coherente, que apueste por el perfeccionamiento del Estado de las Autonomías y que demuestre la validez del modelo para dar eficaz cabida al deseo de autogobierno. Y donde tiene más fuerza y posibilidades de marcar la diferencia en el debate político, aupado sobre el proceso electoral culminado el 21 de mayo, no es en las disquisiciones sobre las naciones culturales y políticas, a veces un tanto bizantinas, sino en la agenda política que define el corazón de la socialdemocracia avanzada: la justicia social, el desarrollo sostenible, el gobierno de la globalización, la integración europea, la participación democrática y la propia modernización de los partidos políticos.

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