Sí, señoras y señores: les anuncio que voy a cometer un atraco. Y no solo eso: les informo del día, el 4 de julio, y de la frase que le sacudiré al cajero que me atienda. Nada original: «Arriba las manos, esto es un atraco!». Pongo en su conocimiento, además, que sigo con los preparativos ilegales para la culminación de mi delito, me fotografío rodeado de mis cómplices y desafío a quien pretenda pararnos a que se atreva a emplear la fuerza para ello. Es verdad: ustedes pensarán que mi anuncio es un payasada, pues nadie va a ser tan bravucón o botarate como para atreverse a desafiar a los defensores de la ley de un Estado moderno en pleno siglo XXI, como si España fuera Chechenia o estuviésemos en la época del bandolerismo.
Pues bien, siento defraudarles. Se equivocan. Eso hizo este viernes el presidente de la Generalitat: anunciar que va a cometer, no uno, sino varios gravísimos delitos e informarnos de que él y sus cómplices siguen con los preparativos para ello.
Un Puigdemont que no es cualquiera: es el presidente de un gobierno autonómico que ha prometido cumplir y hacer cumplir la ley y es, según la Constitución de la que deriva su poder, el representante ordinario del Estado en Cataluña.
Lo insólito de su anuncio, impensable en cualquier democracia asentada, no es tanto el hecho mismo -pues, por desgracia, a las baladronadas del secesionismo estamos ya muy habituados- sino la reacción del Gobierno, por un lado, y la del Fiscal General del Estado, por el otro.
Los dos han quitado importancia a la increíble provocación del presidente de la Generalitat. Y los dos, Gobierno y Fiscal, han manifestado que nada cabe hacer de momento, pues, según ellos, dado que las opiniones y la voluntad no delinquen, hay que esperar, ¡a estas alturas!, a que la decisión de convocar un referendo ilegal ¡se formalice!
Hemos de suponer, por fuerza, en consecuencia, que el Fiscal General desconoce que el Código Penal prevé las figuras de la conspiración, la proposición y la provocación para delinquir.
También, que el Gobierno y el Fiscal no se han enterado de que la decisión de convocar un referendo, su fecha y su pregunta debe haberse adoptado en un Consejo del Gobierno de la Generalitat, del cual se habrá levantado un acta, que es un documento jurídico oficial.
Y, en fin, que el Gobierno cree que en la Constitución, después del artículo 154 viene el 156, pues el 155 se lo ha comido el gato. Yo ya sé que el Gobierno ha decidido desoír las provocaciones de los secesionistas, con la esperanza de que antes o después recularán.
Ocurre, solo, que todo lo sucedido hasta la fecha le quita la razón. Lo que parece un hecho relevante para, al menos, repensarse una estrategia de apaciguamiento que podría ser suicida.