Ignoro si Puigdemont le echará redaños y convocará el referendo que ayer anunció. Ignoro si dicho referendo se llegará a celebrar, como se celebró la falsa consulta del 9-N. Ignoro si Oriol Junqueras se arriesgará a la inhabilitación, ahora que las encuestas lo sitúan como el futuro presidente. Ignoro si en plena tensión de recursos al Tribunal Constitucional se producirá una movilización popular. Ignoro si, puestos a impedir la consulta por ilegal y unilateral, bastarán los Mossos d’Esquadra para retirar las urnas o habrá que echar mano de la Guardia Civil. E incluso ignoro si, al fijar el referendo para el 1 de octubre, se trata de ganar tiempo a ver si el Gobierno central ofrece alguna alternativa, como parecen pedir los independentistas más instalados en la realidad.
Lo único que sé con alguna certeza es lo siguiente: que Rajoy pondrá en marcha todos los mecanismos jurídicos para impedir la tropelía; que el Tribunal Constitucional declarará nulos los actos ilegales, desde la convocatoria de la consulta a su celebración, igual que las famosas leyes de desconexión; que después la fiscalía promoverá querellas y veremos a mucha clase política catalana inhabilitada; y que después de todo este ceremonial de políticos, fiscales, magistrados del TC y jueces del Tribunal Superior de Cataluña, el dinosaurio seguirá allí, como en el manoseado cuento de Monterroso.
Que el dinosaurio siga allí significa que habrá independentistas que seguirán peleando por la República Catalana; que Junqueras seguirá diciendo que no quiere presidir una autonomía, sino esa república; que seguirá habiendo grandes manifestaciones; que el independentismo encontrará nuevos argumentos para su discurso victimista por la represión, por la imposibilidad de ejercer el derecho a votar, por haber prohibido hablar al pueblo, porque los gobernantes españoles son muy malos y por todo lo que ustedes se quieran imaginar. El dinosaurio seguirá allí. Y con los dientes quizá más afilados.
Quiero decir que las soluciones exclusivamente jurídicas conseguirán lo de siempre: aplazar el problema, pero el problema seguirá vigente. En el mejor de los casos, se logrará una pequeña bajada del soberanismo en las encuestas, pero no lo suficiente como para llevar al poder catalán a algún partido constitucionalista, llámese Popular, Ciudadanos o Socialista. Por tanto, aplíquese la ley con todo su rigor, como parece elemental en un país civilizado, pero hay que hacer algo más: hay que ofrecer una válvula política de escape a Puigdemont; alguna solución política. Y el concepto de España, hacerse más querido en Cataluña. Cataluña es una olla a presión. Sin esa válvula de escape, terminará por estallar.