No disparen al experto


En el debate político es relativamente frecuente que se quieran adornar determinadas posiciones con la opinión de alguien que tenga conocimiento específico y trayectoria en una materia concreta. Es cierto que, a veces, lo que se quiere obtener no es más que la ratificación, con argumentos mejor estructurados, de lo que previamente se intuía o ya se tenía preconcebido. Y, en no pocas ocasiones, lo que se toma al espigueo es una parte, convenientemente filtrada y sacada de contexto, de alguna opinión cualificada, sin tener en cuenta otras valoraciones o propuestas más incómodas provenientes de la misma fuente. Pero, en algunas ocasiones, la opinión cualificada se procesa, interioriza y modula con el acervo propio, para mejorar el resultado de una posición política o diseñar con más finura un programa que se pretenda defender en una institución. Falta aún mucho recorrido para que esta situación se produzca de forma normalizada y constante en nuestro sistema democrático, aunque a través de distintos órganos consultivos, conferencias, libros blancos, grupos de estudio, congresos o jornadas de toda clase se hayan hecho progresos, tanto en el ámbito institucional como en de los partidos políticos.

La percepción de la intervención del experto es habitualmente favorable, aunque se incurra en los vicios descritos y la manipulación consiguiente. Por fortuna, una parte importante de las personas con responsabilidades políticas es consciente de sus propias limitaciones (tenga mayor o menor bagaje propio) y, si no le puede el frecuente tacticismo o la falta de perspectiva, es posible que quiera escuchar, aprender y reflexionar sobre la materia que se trae entre manos, a veces compleja. Los ciudadanos, de hecho, no necesariamente buscamos en nuestros representantes a personas con exceso de títulos y sabiduría académica rebosante por los poros, pero sí queremos personas con espíritu de trabajo, disposición a escuchar a quien sabe de una materia, y habilidad para delegar y coordinar. Personas, en suma, capaces de formar equipos con gente válida para cada tarea y que, al menos, no desprecien el criterio de quien puede conocer mejor un asunto concreto (que muchas veces está en la propia función pública). Está claro que la formación y la trayectoria profesional son importantes para conocer mejor lo que se cuece en la vida real y tener más elementos de juicio, de manera que es un activo muy apreciable en quién salta a la arena pública; pero la política no debe ser una competición académica ni, felizmente, el acceso a los puestos de responsabilidad es por oposición (cosa distinta y menos grata es que prime en exceso la cooptación).

No siempre, sin embargo, la actitud de quienes tienen responsabilidades políticas es abierta a la opinión del experto que se presta a realizar un trabajo o que da su parecer fundado en una materia. Que todo esté sujeto a posible refutación y que haya que guardar prevención con cómo se utiliza y cómo se recurre a una valoración externa no quiere decir que cualquier crítica a ésta sea legítima. Sobre todo cuando la reprobación proviene de un ejercicio de desvergüenza política, que a menudo recibe el jaleo de la hinchada, porque la mediocridad vociferante vende mucho. Es lo que hemos visto en Asturias en las últimas semanas con las críticas del dirigente del PP asturiano, Luis Venta, al hacendista Carlos Monasterio, a cuenta de la legítima decisión de éste de renunciar a participar en la comisión de expertos sobre el sistema de financiación autonómica, al entender que la forma de sustraer el debate sobre el cupo vasco era una burla al trabajo de quienes participaban en dicha comisión. Venta se atrevió a llamar «falso experto» a quien, desde hace mucho, es una voz cualificada, independiente y ponderada en la materia, quedándose tan ancho. Algo parecido hizo días después el eterno Gabino de Lorenzo al censurar con una desfachatez sonrojante a Rosario Alonso Ibáñez (Catedrática de Derecho Administrativo), sin entender que las responsabilidades directivas en la Administración de contenido técnico (Alonso fue Directora General de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Vivienda entre 2008-2010), en absoluto menoscaban para aportar un dictamen, como el que le pidió el Ayuntamiento de Oviedo para contribuir a desentrañar las posibles acciones de responsabilidad frente a los gestores (el primero, el propio ex Alcalde) que han propiciado el desastre económico de la expropiación de Villa Magdalena.

Hacer bandera de la ignorancia o del cinismo más absoluto, pretendiendo desprestigiar gratuitamente a quienes aportan su competencia en las cuestiones de interés público, es una forma de envilecer el debate que, además, provocará retraimiento en quienes, pudiendo participar con una voz cualificada, preferirán resguardarse y quedarse a lo suyo antes que exponerse al vituperio de los sicofantes. Si la refriega política a veces es tabernaria y vuelan los sillazos dialécticos (y ocasionalmente los reales), hay que pedir a todos los que entren en el saloon con el ceño fruncido que no la tomen con el experto, que se limita a tocar el piano de su conocimiento especializado allá en el fondo, por si alguien quiere prestarle un poco de atención, por encima del ruido.   

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