Amedida que se aproxima el fatídico 1 de octubre -fecha en que, durante décadas, los españoles se vieron obligados a celebrar el Día del Caudillo-, surgen más dudas sobre el compromiso de los que propugnan la consulta y la inmediata proclamación de la «república catalana». Los últimos días han sido un rosario de dudas, deserciones y ambigüedades que llevaron ayer mismo a Puigdemont a remodelar su Ejecutivo con los más fieles.
Y resulta muy sorprendente el motivo de las discrepancias por las que los dirigentes independentistas catalanes se están dando de baja en el apoyo ciego a la consulta. Están dispuestos a pasar por los juzgados un día sí y otro también; a ser inhabilitados; a ir a la cárcel, pero ¡ah!, que no les toquen la cartera. Porque las deserciones comenzaron cuando se habló de que organizar la consulta tendría repercusiones económicas.
Los mismos patriotas que sacaron pecho camino de los juzgados se arrugan ahora cuando temen que tengan que responder con su patrimonio. Y esta posibilidad lleva a la propuesta ridícula y humillante de que las decisiones importantes se tomen de forma colegiada sin que nadie tenga la posibilidad de escapar de la quema.
Vamos a tener que dar la razón a los que desde hace años vienen sosteniendo que el problema del independentismo catalán es un problema de cartera y no de bandera. Tal vez si se les hubiese untado los bolsillos, como acaba de hacer don Mariano con vascos y canarios, a estas alturas estábamos hablando de otros asuntos. Lo que el tiempo nos viene a demostrar es que tratándose de patriotas independentistas catalanes, la pela es la pela. Y es que estos chicos están muy necesitados de unas lecciones de ideales y compromiso.