Partidos políticos y democracia interna


El proceso de profundización en la democracia interna de los partidos políticos en España no es novedoso porque, en algunas formaciones, la inquietud por dar participación a la militancia y moderar algunas tendencias corporativas viene de lejos. Es de justicia reconocer que el PSOE, con todas sus dificultades y las inclinaciones defensivas de los centros de poder, ha llevado la voz cantante en este proceso, no sin sonoros patinazos por los problemas que todo aprendizaje comporta. El aldabonazo inicial que representaron las primarias de abril de 1998 en las que Josep Borrell ganó la candidatura a las Elecciones Generales, la sucesión de desencuentros posterior y el final conocido (con el desencadenante del caso Huget-Aguiar, en el que se reprochó a Borrell desproporcionadamente no haber controlado los manejos de dos colaboradores en el Ministerio de Hacienda), dejó un regusto amargo pero no borró el deseo de la militancia de adoptar decisiones y realizar las designaciones directas para las responsabilidades más relevantes. Con el tiempo, se han ido ampliando y perfeccionando los procedimientos de participación y democracia interna, otros partidos se han ido incorporando a esta evolución y la crisis de confianza en el sistema de representación política asociada a la etapa de recesión económica, acompañada de la aparición de Ciudadanos y Podemos, ha reafirmado una tendencia generalizada en esta línea, aun con grandes diferencias según la formación de que se trate. El PSOE, en todo caso, ha dado en su 39º Congreso un nuevo paso adelante que demuestra que la pretensión de que la militancia sienta cotidianamente el Partido como propio y que éste se gobierne mejor, es nuclear en esta formación. Así se ha demostrado, entre otras medidas, con la decisión de generalizar la elección directa de la Secretaría General; reducir el número de avales para concurrir a estos procesos y establecer un máximo (para evitar las presiones asociadas a su obtención); limitar los mandatos orgánicos consecutivos a tres; restringir con carácter general el desempeño simultáneo de cargos; prever el derecho de iniciativa política para permitir a la afiliación someter propuestas al debate obligatorio de los órganos; o establecer que los acuerdos de gobierno sean por sistema sometidos a consulta de la militancia.

Estos procesos son la prueba del algodón del grado efectivo de implicación de la militancia, de la madurez de una organización y de la consistencia en el cumplimiento de la función constitucional de canalizar la participación de los ciudadanos en la vida política. Su complejidad depara, sin embargo, que no siempre salgan bien, lo que, evidentemente, no deslegitima su imprescindible existencia, que debería resultar obligada por mandato de la legislación de Partidos, que aún no la contempla del modo adecuado. Por ejemplo, hemos visto que el primer y tímido intento del PP de organizar una elección de la Presidencia de sus organizaciones autonómicas y locales con votación directa, ha mostrado grados de participación bajísimos (por ejemplo, 1.748 votos en el Congreso en Asturias sobre un censo superior a 20.000 y  248 votos en el Congreso de Oviedo de los más de 4.000 afiliados del PP). También existe el peligro de darle a los avezados en la, a veces, neblinosa política de puertas hacia adentro (en ocasiones con pocos atributos más allá de éste) casi todo el protagonismo en una continua serie de votaciones internas. Igualmente, aparece la amenaza de excitar teorizaciones excesivas de la discrepancia, y aquí la izquierda es campeona en hacer de la diferencia de matiz una pretendida construcción ideológica completa. Por otra parte, las pugnas caseras, si no son resueltas con serenidad, pueden debilitar organizaciones aparentemente robustas, o en supuestos extremos, hacerlas implosionar, como hemos visto, por poner algunos ejemplos casi plásticos de los últimos tiempos, con UPyD, Izquierda Unida en Madrid o, a mayor y más dramática escala, con el Partido Socialista en Francia. La falta de mesura en algunas posiciones políticas de los partidarios de unos y otros, la fiebre de las facciones y su retórica maniquea y la lógica de «el ganador lo lleva todo» son fuertemente erosivas, aunque todo parezca momentáneamente sanado por las buenas palabras del día después de la elección interna. De ahí que, a la higiénica dinámica de confrontar pareceres y que decida limpiamente la urna, debe acompañarse el ejercicio de la inteligencia política, el aprovechamiento de la capacidad de la gente valiosa que habrá en posiciones distintas y, en suma, la voluntad integradora de los ganadores y la aceptación leal y consecuente del resultado por los perdedores.

Otro riesgo, menos comentado, es el de consumir el grueso de las energías en los procesos internos, centrando las fuerzas -limitadas, por definición- en la superación de los retos de las elecciones en el seno de la formación para responsabilidades orgánicas e institucionales, poniendo la mirada permanentemente en militantes y simpatizantes con derecho al voto, pero no en la mayoría social a la que se aspira a representar y que puede ver ocasionalmente con interés el debate interno, pero que difícilmente se sentirá partícipe porque la militancia política activa es, a fin de cuentas, cosa de minorías. El exceso de intensidad en la pugna interna puede servir para desgastar las pilas en lugar de recargarlas si lo que se discute una y otra vez es cómo organizarse (o hasta refundarse), cómo se dirimen las disputas de poder y qué referencias generales se abrazan, dejando en los márgenes el debate e interacción con la sociedad, tan viva y dinámica -o más- en muchos aspectos como el partido del que se trate, y siempre más plural y desafiante. El reto, nada fácil, es llevar a la normalidad enriquecedora el proceso democrático interno y combinarlo con una continua apertura a la sociedad -y no sólo a los más fieles-, sin perder de vista jamás la relación directa con el ciudadano que legítimamente no ha adoptado ningún compromiso militante pero que no por ello dimite de su condición cívica.

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