Si hay algo que la historia enseña de forma incontestable es que todos los fanatismos llevan en su código el gen que acabará por destruirlos: el de la purga. El fanático exige a sus parciales una lealtad inquebrantable y tiende por eso, de forma natural, a sospechar de todo el mundo, de modo que cualquier vacilación o leve asomo de discrepancia convierten al crítico en traidor. Los fanatismos se consolidan mediante depuraciones sucesivas y, por tanto, reduciendo la base sobre la que intentan sostenerse. Por eso, antes o después, acaban por caer. Pero, entre tanto, producen daños que destruyen el tejido social y pueden llegar a ser irreversibles. Cataluña ha entrado ya, por desgracia, en esa dinámica diabólica.
A la purga que ha acometido Puigdemont en su consell, del que han sido laminados los nacionalistas que dudaban de la eficacia de una estrategia de confrontación con el Estado que solo puede acabar en un desastre político y social, le ha seguido la del director de los Mossos d’Esquadra (un cese fulminante disfrazado de dimisión), decapitado por defender una obviedad: que la policía autonómica debe cumplir la Constitución, que es la ley de leyes en cualquier Estado de derecho.
Todo esto, claro, no es más que una señal -nadie debería equivocarse- de lo que le sucederá a docenas de miles de catalanes si el secesionismo cumpliese su amenaza sediciosa y coronase, mediante una declaración de independencia, el golpe de Estado que desde hace años viene preparando.
Sería así como esa Cataluña independiente, supuesta arcadia feliz donde los perros se atarían con longanizas y el maná caería del cielo, se convertiría en un cuartel en el que todo el mundo marcharía al toque de la corneta que controlarían, por supuesto, ERC y la CUP, encargados de dirigir el programa de depuración contra los no nacionalistas en que culminaría el proceso de construcción nacional de Cataluña.
Los primeros en caer serían, desde luego, los periodistas desafectos, acallados mediante la mordaza, en los medios de comunicación privados, y el control inquisitorial, ¡aún mayor que el actual, que ya es decir!, en la radio y televisión que dependen del poder. Luego vendrían los profesores, en todos los niveles, y luego, purgados ambos sectores estratégicos, todos los demás, empezando por la burocracia local y autonómica, que sería convenientemente limpiada de no nacionalistas.
Docenas de miles de catalanes serían privados de sus trabajos a través de procedimientos que hoy parecen inimaginables y otros tantos acabarían por rendirse al acoso que muchos sienten ya desde que toda esta locura comenzó. Es tanto lo que nos jugamos en términos de convivencia civil y democrática que dejar hacer a Puigdemont sin pararle los pies de una vez con todos los instrumentos del Estado de derecho resulta difícil de entender. El Gobierno -dice- tiene un plan. Esperemos que sea así.