La expresión techo de cristal, que empezó siendo utilizada de forma profesional por los estudiosos de género, se ha generalizado en el lenguaje popular de forma que hoy son gran mayoría las personas que saben que cuando hablamos de techo de cristal no estamos aludiendo a una estructura arquitectónica, sino a las dificultades de muy diversa índole a las que tienen que enfrentarse las mujeres para llegar a puestos de trabajo o cargos públicos que, monopolizados tradicionalmente por los hombres, han estado vedados a la mitad de la población pese al innegable proceso de igualación de sexos que por fortuna se vive en todas las democracias avanzadas.
María Emilia Casas, galardonada este año con el Premio Fernández Latorre, ha roto a lo largo de su vida no solo un techo de cristal. Ha roto dos, uno y otro de naturaleza muy distinta pero ambos de una dureza y resistencia indiscutibles. La profesora Casas fue la primera mujer que obtuvo en España una cátedra de Derecho del Trabajo, proeza cuyo mérito es fácilmente comprobable con una constatación fácil de hacer: el notable desequilibrio entre catedráticos y catedráticas que aún hoy, muchos años después, sigue existiendo en las universidades españolas. Porque la Universidad fue primero una institución casi reservada a los hombres como alumnos (en la orla de mi padre, en la Facultad de Derecho compostelana, apenas hay mujeres) y después casi reservada a los hombres como docentes. María Emilia Casas logró ser profesora y culminar como catedrática su carrera profesional en unos momentos en que serlo comenzaba apenas a dejar de constituir una rareza.
Luego, y como jurista de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, tal y como exige el artículo 159.2 de la Constitución, fue designada María Emilia Casas en 1998, a propuesta del Senado, magistrada del Tribunal Constitucional, lo que la convirtió, con 48 años, en el miembro más joven que accedía a un órgano fundamental de nuestra arquitectura constitucional, a una institución que ha resultado en su conjunto la más exitosa novedad de la Constitución de 1978. Vista en perspectiva, la contribución de nuestro Tribunal Constitucional al asentamiento de una cultura democrática en España ha resultado sencillamente indiscutible, como lo han sido especialmente sus aportaciones para garantizar una práctica efectiva de los derechos y libertades fundamentales y del principio de igualdad, de manera muy destacada entre hombres y mujeres. No ha debido de ser poco importante en tal sentido la presencia de mujeres en el tribunal y entre ellas de quien, como la profesora Casas, estaba especializada en uno de los ámbitos donde la discriminación por sexos ha sido y es más injusta y lacerante: el laboral.
La brillante carrera como jurista de María Emilia Casas culmina en el 2004, cuando es elegida, por sus magistrados, presidenta del supremo interprete de nuestra Constitución. Resulta innecesario aclarar que era la primera mujer que accedía a un puesto de tal responsabilidad -el presidente del Tribunal Constitucional es la quinta autoridad del Estado- y la única que lo ha hecho hasta la fecha. Ocupó la presidencia hasta enero del 2011 en una de las etapas mas complejas y convulsas del Constitucional, que debió resolver, entre otros temas endemoniados, los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Estatuto catalán del 2006.
Si hay un ámbito en el que el cambio que experimenta España después de la recuperación de la democracia ha producido muy significativas novedades ese ha sido, sin duda, el de la posición de las mujeres en el mundo político, social, laboral o cultural. María Emilia Casas es un ejemplo espléndido de ello, aunque la excepcionalidad de sus triunfos pone de relieve el importante camino que aún queda por andar.