Hace unos días, los concejales del Ayuntamiento de Gijón, haciendo bonita estampa, colgaron un cartel de la fachada de la casa consistorial en repudia hacia la violencia, a la par que comunicaron su decisión de sancionar a los negocios que fomenten la violencia. Menos mal. Ahora me quedo mucho más tranquilo. Mi familia y yo ya podremos salir por la noche sin miedo a que algún descerebrado nos agreda.
La iniciativa no es más que una fachada, una foto en el periódico que responde a un diálogo plenario que no resulta difícil de adivinar:
-Tendríamos que hacer algo después de la brutal agresión del otro día en la calle Marqués de San Esteban.
-Sí, pero... poner más policía u otras medidas de vigilancia es muy caro. Y ya tenemos todo el presupuesto comprometido en festejos. ¡No veas lo que cuesta David Bisbal…!
-Bueno, pues decimos que vamos a hacer algo, lo que sea, que quede bien y cueste poco.
-¡Una pancarta!
-¡Aprobado!
Que se va a sancionar a los negocios que fomenten la violencia. ¿Qué negocios son esos? ¿A alguien se le ocurre algún establecimiento abierto al público que se dedique a pedir a sus clientes que adopten conductas violentas? Si existiese tal negocio sería ilegal. No hace falta que lo sancione el ayuntamiento. ¿Saben qué, señores concejales? ¡Sorpresa! ¡Ya está previsto en el Código Penal, tipificado como un delito contra los derechos fundamentales, aparte de que la incitación a delinquir entraña autoría, con carácter de inductor, en el acto criminal que se perpetre!
De resultas, lo que han acordado los concejales es una cortina de humo que no sirve más que para dar la imagen (penosa, por otra parte) de que están haciendo algo y que se preocupan por el problema de la seguridad ciudadana. Del mismo modo que ponen carteles por todo Gijón señalando que «Gijón no tolera la violencia de género». ¡Toma ya! ¡Sólo faltaba! El conocimiento de un delito obliga a su denuncia, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y si las autoridades locales «tolerasen» la violencia de género estarían incurriendo en un delito de prevaricación. El cartel es pura retórica y tautología. No se tolera la violencia de género ni en Gijón ni en ningún sitio, y no porque lo digan nuestros sabios ediles, sino porque lo establece la Constitución y el Código Penal.
Las pancartas, los carteles y las manifestaciones son algo que debemos hacer los ciudadanos como repulsa, pero esa no es la actuación que se exige a nuestros representantes. Ellos han de adoptar medidas y no dedicarse a vacuas escenificaciones. Las agresiones que se perpetran en la ciudad se palian con más presencia policial y con la instalación de dispositivos de vigilancia. Sé que algunos dirán que eso supondría implantar un «Estado policial», pero deberíamos recordar que vivimos en una democracia, y no en tiempos de Franco. En una dictadura las fuerzas de seguridad sirven para imponer el orden público en detrimento de las libertades, pero en democracia es justo lo contrario: su cometido es establecer el orden para que se disfrute de las libertades. Si yo fuera un policía, realmente me sentiría asqueado de ver cómo hay políticos que tildan la presencia policial en las calles de fórmula represiva cuando en realidad representa una garantía para el ejercicio de los derechos constitucionales. Agentes, por otra parte, designados conforme a los principios de mérito y capacidad que les faltan a los políticos. Contando con más medios de vigilancia, hubiera sido más difícil que la repulsiva agresión de hace unas semanas se hubiera producido. Y si el ayuntamiento quiere hacer algo de verdad, que se persone como acusación particular en el proceso contra los descerebrados criminales que agredieron al muchacho. Menos postureo y más hechos.
Del mismo modo la violencia de género no se resuelve con carteles que recuerdan lo obvio (¿acaso las ciudades donde no hay esos carteles sí toleran las agresiones machistas?). Increméntese los medios materiales para las mujeres que han denunciado agresiones y proporcióneseles asistencia letrada y ayuda psicológica. Pero no. Todo se resuelve con pancartas. Mientras tanto, las ciudades resultan cada vez más semejantes a junglas: los jóvenes adquieren alcohol a granel en los supermercados sin que nadie controle si la adquisición de las bebidas y su ingesta está siendo llevada a cabo por menores de edad. Debajo de mi casa todos los fines de semana docenas de jóvenes arman su botellón en la calle, sin que ni una sola vez haya visto a un policía de paisano pararse a pedirles el carnet de identidad. En la misma calle, también he visto a descerebrados en sus supuestamente graciosísimas despedidas de soltero faltando al respeto a cuantas chicas pasaban por su lado. Pero las autoridades locales felices: a fomentar ese tipo de prácticas. Eso sí, tocar música en un local ¡impensable! ¡Qué alteración del orden público!
Reconozco que soy hobbesiano por naturaleza, y como tal ni creo que el hombre sea bueno por naturaleza, ni considero que una sociedad puede sobrevivir sólo educando a sus ciudadanos. ¿De verdad alguien se cree que un tipejo que apaliza a su pareja, o que los individuos que agredieron a Germán hace unas semanas harían caso de cualquier «campaña publicitaria» contra la violencia? Quien fuma a estas alturas sabe el mal que causa en la salud; quien se droga, con la información que existe a día de hoy, es consciente de sus perjuicios; y quien es un psicópata violento y machista no va a actuar de otra forma porque se publique un cómic o un tríptico antiviolencia. Para esos casos, y sobre todo tal y como somos en España, sólo valen las sanciones, y cuanto más gravosas mejor. «Es que hay que educar desde más pequeños», dirán algunos. Ya. A día de hoy se cursa educación para la ciudadanía, y los niños disponen de muchísima más información de la que contábamos nosotros cuando teníamos su edad y… ¡beben más, se drogan más y consumen alcohol a edades más tempranas que generaciones anteriores!
Concluyo con un ejemplo: esta semana un sujeto era multado en Gijón con quinientos euros por no atender a los requerimientos de los socorristas para que abandonara una zona de baño señalizada en esos momentos con bandera roja. El interfecto, indignado, ha declarado que «nunca más iré a pasar un día a Gijón». Genial. La sanción ha logrado el objetivo: tendremos en la ciudad a un indeseable menos. Esperemos que cumpla con sus palabras y no vuelva. No le vamos a echar de menos.