Recortar presupuestos, dejar arenales sin vigilancia y control, o destinar fondos que deberían ir a este menester a otros experimentos publicitarios son la norma que se sucede año tras año en cuanto a las actuaciones relativas al plan Sapla (Plan de Salvamento en Playas).
Y es que el Principado aporta el 18,9% a dicho Plan, cuando en los inicios su aportación ascendía al 85%, dejando el resto en manos de los Ayuntamientos. Con la política de pasar la patata caliente a los otros en lugar de depurar responsabilidades no avanzamos en certificar la seguridad de los bañistas; algo que debe ser lo primero, y ahí no vale eludir competencias
La política del Principado de Asturias y de algunos concejos en materia de seguridad en las playas asturianas es insuficiente e irresponsable, y para más inri, nadie ha salido a explicar por qué se repiten año tras año los mismos lamentables sucesos, mientras se siguen sin tomar las medidas adecuadas.