Hay sobre las dictaduras dos visiones contrapuestas: unos, los demócratas, las condenamos sin reservas, más allá de la supuesta ideología y las políticas que proclaman promover; otros niegan tal naturaleza a aquellas con las que se identifican ideológicamente y, por eso, las respaldan sin rubor.
Los demócratas, tras las evidencias suministradas por los dos siglos transcurridos desde las revoluciones liberales, partimos de que es tirado distinguir dictadura y democracia. Esta exige división efectiva de poderes; selección de los gobernantes en elecciones periódicas, limpias y competidas, por sufragio universal; control del ejecutivo por el legislativo e independencia judicial; y respeto a las libertades y los derechos. Donde no hay nada de eso, la dictadura es evidente, al margen del apellido y el discurso (antiimperialista, anticomunista, socialista) del que se valgan los gobernantes para aguantar en el poder.
Los defensores de las dictaduras se dividen, claro, en dos grupos que, dada nuestra historia durante la parte central siglo XX, son numéricamente muy desiguales en España. Está, de un lado, la extrema derecha, aquí insignificante socialmente, como lo demuestra su falta de representación en las Cortes y en los parlamentos regionales. Aunque algunos se han asociado en grupos violentos, los extremistas de derechas son muy pocos, por fortuna, pero cuando asoman la nariz generan siempre gran escándalo, según ha podido comprobarse a cuenta de las majaderías formidables y ofensivas para las víctimas de la dictadura que, en defensa de Franco, han vomitado los responsables de la fundación del mismo nombre, insólitos gestores del pazo de Meirás.
Luego están los aplaudidores fervorosos de las de las dictaduras autoproclamadas socialistas. Con representación en nuestros 18 parlamentos, estos extremistas de izquierda -en España, muchísimos más que los de derecha- no ven contradicción alguna entre condenar la larga dictadura franquista y glorificar a la castrista, más larga todavía, o a la que Maduro ha instaurado en Venezuela llevando al extremo la deriva autoritaria de Hugo Chávez. Ni la ven entre exigir la ilegalización de la fascista Fundación Francisco Franco mientras se negaron en su día a que fuera ilegalizada Batasuna, el partido político de ETA, el mayor y más criminal grupo fascista que sobrevivió a la dictadura. Ni la ven, en fin, lo que sobrepasa ya cualquier límite a la desvergüenza, entre exigir que se derogue la llamada ley mordaza, aprobada por la mayoría de un parlamento democrático en un Estado de derecho, y defender la acción brutal contra las libertades del chavismo y del castrismo, incluidos muertos en manifestaciones y presos de conciencia.
Y es que nuestra numerosa extrema izquierda, como nuestra ínfima extrema derecha, están convencidas de que los suyos son los buenos, aunque los suyos se pasen la democracia por el arco del triunfo.