Como, en medio de un vendaval de demagogia, he defendido desde aquí que Juana Rivas, por doloroso que a ella pudiera resultarle, debía cumplir, según lo ha hecho finalmente, la sentencia de la Audiencia de Granada en relación con la entrega de sus hijos, me siento hoy legitimado plenamente para denunciar el trato desigual que se da ahora en España en, según qué casos, a quienes se pasan la ley por el arco del triunfo.
A consecuencia de sus acciones, Juana Rivas está imputada por un presunto delito de retención ilegal, como lo están, con ella, algunos de los que, conscientes o no de lo que hacían, la ayudaron a cometerlo. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley, afirma el aforismo latino con el que se proclama un principio aún plenamente vigente en los Estados de derecho: que la leyes deben cumplirse en tanto las leyes no se cambien.
Ocurre, sin embargo, que mientras Juana Rivas ha visto cómo recaía sobre ella el peso de la ley, de esa misma ley se pitorrean, a mandíbula batiente, para vergüenza general, y sobre todo de jueces y fiscales, los que están convencidos de que el Estado de derecho, vigente en el conjunto de España, ha dejado de estarlo en Cataluña, ya antes incluso de que pudiera hacerse efectivo el delirio secesionista que mueve a estos presuntos delincuentes.
En Cataluña puede el presidente de la Generalitat anunciar que dispone ya de más de 6.000 urnas para la celebración de un referendo ilegal y delictivo sin que jueces y fiscales investiguen de inmediato la presunta comisión de cuando menos tres delitos (los de desobediencia, prevaricación y malversación) por parte de los responsables de tal compra.
En Cataluña pueden líderes nacionalistas con nombres y apellidos acusar fuera de la cámara autonómica y, por tanto, sin la protección legal de la inviolabilidad parlamentaria, a Felipe VI y a Rajoy de financiar al terrorismo yihadista, tras los brutales ataques del islamismo radical en Barcelona y en Cambrils , sin que jueces y fiscales investiguen de inmediato la presunta comisión de los delitos de injurias o calumnias al jefe del Estado y al presidente del Gobierno.
Y en Cataluña, lo que ya es verdaderamente de traca, puede proclamarse a bombo y platillo el proyecto de preparación para una declaración de independencia y la proclamación de una república, como hicieron este lunes los diputados de Junts pel Sí y de la CUP cuando presentaron públicamente los contenidos de la llamada ley de ruptura o de transitoriedad. Y todo ello, de nuevo, sin que jueces y fiscales investiguen de inmediato la conspiración para la comisión de un presunto delito de sedición por parte de quienes anuncian que se alzarán para impedir fuera de las vías legales la aplicación de las leyes vigentes en España.
Sí: para Juana Rivas, la ley es dura pero es la ley. Los sediciosos se toman la ley a coña y nadie se atreve a hacerles saber que no lo es.