Fue como un vendaval de palabras de autoridad; «de amenaza», dirán los independentistas catalanes. Sobre los cuerpos togados caían frases contundentes: «no caben vacilaciones», «nadie sufrirá por cumplir la ley», «salvar las instituciones». Los conceptos eran flechas lanzadas para caer al otro lado del Ebro: energía, firmeza, derecho, ley, patria común e indivisible. Parecían arengas a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios, a los alcaldes, a los policías, a quienes tuviesen algo que ver con el proceso de desconexión. Fueron pronunciadas por el fiscal general del Estado y el presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial. El rey Felipe VI escuchaba con tono serio, sin un gesto, con semblante que parecía repentinamente envejecido: asistía a la formulación jurídica del gran conflicto, quizá el peor conflicto que se podría organizar en su reinado.
En la parte política del escenario, el jefe del Gobierno organizaba sus ejércitos de constitucionalistas. Había hablado con Sánchez y le había dado el visto bueno a la comisión de diálogo, no porque crea en ella, sino porque necesita al PSOE para no caer en la depresión que produce la soledad. Y esa misma mañana hizo de tripas corazón y llamó a Albert Rivera, el que quiere poner límites a su mandato, porque también lo necesita. Sánchez, quién lo diría, y Rivera han sido los consuelos del gobernante. No se llamó a Pablo Iglesias porque el líder podemita coquetea con el derecho a decidir y cree que Cataluña no necesita ley, sino soberanía.
¿Y qué se responde desde la parte catalana? Oh, sorpresa: convocar un referendo no es delito. Aunque sea con la finalidad de romper el Estado, la convivencia y la Constitución, no es ningún delito. Ya lo había dicho Junqueras: «No nos saltaremos nada, y mucho menos la ley». Y amparados en esa falacia, hoy se producirá el primer episodio del choque del expreso Barcelona-Madrid. Se aprobará la ley del referendo, se convocará oficialmente, Rajoy reunirá a su Gobierno, recurrirá al Constitucional, se anularán convocatoria y ley y donde la autoridad judicial puso toda la solemnidad discursiva, los independentistas pondrán su colección de agravios, el pisoteo de su derecho a votar, la nueva opresión del Estado de cloacas, el régimen dictatorial de Rajoy, los jueces facciosos y el Borbón.
No hace falta ser profeta para adivinar que todo eso ocurrirá a partir de hoy, con una Diada por medio, con la división entre constitucionalistas y sus contrarios y con jornadas que pondrán a prueba la solidez del Estado. Hace falta el optimismo de Pedro Sánchez para decir como dijo: «Antes y después del 1-O, Cataluña seguirá siendo España». Lo que no dijo el bueno de Pedro es en qué condiciones.