Es de alabar que Sánchez haya cerrado filas con Rajoy para impedir que se lleve a cabo el inconstitucional referendo convocado para el 1-O que, según sus promotores, en el caso de una mayoría positiva, cualquiera que fuere, daría lugar a la proclamación de una república independiente. No es preciso subrayar la perentoriedad democrática de atajar ese intento. Por eso, resulta extemporánea la propuesta del Grupo Socialista presentada en el Congreso para que una comisión de expertos estudie una reforma de la Constitución que aporte una solución al problema catalán. Además de inoportuna, es engañosa porque, tal como se ha planteado, no resuelve nada y es inútil para los secesionistas. Se habla de Estado federal y al mismo tiempo de Estado plurinacional, de España como «nación de naciones». Metido en el jardín de la logomaquia, Sánchez ha tenido que ir matizando sus afirmaciones. Una primera, que reconocía como tales a Cataluña, País Vasco y Galicia, ha quedado en que no tendrían que ser las únicas. En la rectificación algo tiene que ver la salida de su antigua rival Susana Díaz, al sostener que Andalucía no es menos que las nombradas, testimonio de dos tendencias que conviven en el PSOE.
Con independencia de que no se concreta de qué Estado federal se trata, dada la diversidad existente, la improcedencia de su propuesta no viene de que España es desde años un Estado de esa naturaleza, sino porque esa definición fue rechazada por el propio PSOE, aunque inicialmente la había defendido. Fue una solución coherente con la idea de reanudar lo que había sido previsto en la Constitución de 1931: un singular Estado integral, ni unitario, ni federal, en palabras del que fue presidente de la Comisión constitucional. Es suficientemente conocida la influencia que en ello tuvo el Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 y el interés de que los catalanes estuvieran allí representados, hasta tal punto que los debates parlamentarios sobre la cuestión autonómica giraron en torno al Estatuto de Cataluña y el establecimiento de la Generalitat.
El Estado federal no resulta compatible con el Estado plurinacional. Lo que parece pretenderse con la babélica discusión sobre el sentido de nación, que «todas las naciones son España», está mejor resuelto en el artículo 2 de la Constitución que se propone reformar. En el debate parlamentario quedó claro que nacionalidad equivaldría a nación sin Estado. Otra cosa es que el término se haya desvirtuado al generalizarse su uso y de modo acentuado con la adición de histórica. Esta referencia fue ligada a lo acontecido durante la Constitución de 1931; nada más. Es lo que justifica la referencia implícita a Cataluña, País Vasco y Galicia en la disposición transitoria segunda. Habrían demostrado «su vocación de nación», Sánchez dixit. Los otros territorios tendrían posibilidad de demostrarla.
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