Los independentistas anegan Barcelona a la hora en que escribo. Puigdemont, transmutado en el conseller en cap Rafael Casanova, se dispone a resistir las embestidas del Ejército español e inmolarse por la patria: él, con permiso de Artur Mas, será el primer mártir de la futura república catalana. Sabe que la batalla del 1 de octubre la tiene perdida, porque, como advirtió ayer Pablo Casado, solo cuenta con una zódiac para enfrentarse al trasatlántico del Estado. Pero no minusvaloremos al adversario, que busca precisamente eso: la confrontación directa, un nuevo 1714, la imagen del trasatlántico aplastando la chalupa catalana. El pulso es desigual, la razón y la ley no le asisten, pero Puigdemont confía en agrandar la mitología nacionalista, multiplicar sus huestes y, a la postre, ganar la guerra.
Los puentes están rotos y la sociedad catalana, escindida en dos mitades. Los nacionalistas, que hace dos días colaboraban en la gobernación del Estado y charlaban con Aznar en la intimidad, se echaron al monte. Algún día, una vez superada esta grave crisis constitucional, habrá que evaluar las responsabilidades de unos y de otros en esa deriva secesionista. Simplemente para no repetir los mismos errores. Pero hoy se imponen dos tareas con carácter inmediato: sofocar la rebelión con el menor daño posible y, al día siguiente del 1-O, comenzar la reconstrucción de los puentes derribados. No hay otra.
«Haré lo necesario para evitar el referendo», dijo Mariano Rajoy días atrás. Lo comparto, máxime después de ver la ópera bufa que se representó en el Parlamento catalán y el sucedáneo de consulta que se prepara. Únicamente le añadiría una apostilla a la frase del presidente: «Pero ni un ápice más de lo necesario». Sin atajos y con escrupuloso respeto a la ley. No me cabe duda alguna de que Puigdemont y adláteres desean una respuesta desproporcionada, desmesurada y hasta violenta. La Guardia Civil -no los mossos- retirando las urnas de los colegios, los antidisturbios cargando contra los manifestantes, el Gobierno decretando la suspensión de la autonomía catalana, los militares ocupando las Ramblas... Cada una de esas imágenes, unas más destructivas que otras, supondría un triunfo de los separatistas. Y como además lo saben, no cejarán en conseguirlo.
Al Gobierno compete minimizar los daños. Imponer la ley por la fuerza de la razón, hasta donde sea posible, y no por la razón de la fuerza, por legítima que esta sea. Y teniendo en cuenta, además, dos premisas básicas. La primera, que no se puede criminalizar a la mitad de los catalanes que defienden, legítimamente, el derecho a decidir o a la secesión. Las ideas no son punibles en democracia. Y dos, el día después seguirá vivo el problema y habrá que reconstruir los puentes y restablecer el diálogo que se quebró. Y no con Puigdemont, o con Junqueras, o la señora Forcadell, tal vez inhabilitados, o encarcelados, o en el ostracismo. Pero sí con la mitad de Cataluña, para evitar que el independentismo siga creciendo y no haya entonces Constitución que lo pare.