Cataluña: el escenario malo, y el peor


Constituye siempre un grave riesgo no tomarse muy en serio a los fanáticos. Pues, en su ceguera exaltada y extremista, el fanático desprecia los peligros que acarrean sus acciones y carece, por tanto, del sentido más elemental de la prudencia, que puede evitar que su irresponsabilidad dé lugar a una catástrofe social.

Tan evidente riesgo no ha impedido, sin embargo, que haya en España millones de personas que no acaban de creerse que el fanatismo nacionalista que ha prendido en Cataluña -el peor, junto al religioso, de todos los posibles- esté a punto de dar lugar a un desastre político, económico y social que puede arrasar gran parte de los logros que nuestro país ha conseguido tras cuatro décadas de denodado y sensato esfuerzo colectivo.

De hecho, tal y como hoy están las cosas, no existe ya en Cataluña una salida positiva a la sedición institucional de los nacionalistas, sino solo un escenario malo y otro muchísimo peor.

El malo se produciría si la acción conjunta del Gobierno y de los jueces consigue, finalmente, frenar el referendo ilegal convocado por los secesionistas. Ello no impediría en todo caso los descalabros que están ya bien a la vista: una profunda quiebra de la convivencia entre los catalanes independentistas y no independentistas y entre Cataluña y el resto del país, el deterioro de la imagen de España como Estado de derecho y la pulverización de una regla esencial de cualquier sociedad civilizada: que los poderes públicos no pueden violar a su conveniencia el imperio de la ley.

Pero todos esos daños serían Jauja si el referendo llegase a celebrarse y, tras él, los rebeldes, como han prometido y harán sin ningún género de dudas, proclamasen una república catalana independiente. En ese supuesto, que a cualquier persona en su sano juicio le cuesta trabajo por descabellado siquiera llegar a imaginar, nuestro Estado democrático solo tendría dos opciones: o aceptar la secesión unilateral declarada por unas instituciones regionales en abierta rebelión contra el Estado o recurrir a impedirla por todos los medios que la Constitución pone en manos del Estado democrático. La primera salida convertiría a España no ya en una república bananera, sino en un país sin Estado, en un pueblo del Oeste donde no imperaría otra ley que la que el más osado y aventurero es capaz de imponer a punta de referendo. La segunda exigiría el uso de la fuerza legítima del Estado, lo que destrozaría el prestigio internacional de nuestro país y arruinaría, quizá por muchos años, cualquier posibilidad de resolver la crisis catalana.

Evitar, pues, la celebración del referendo es esencial. Y si para ello hay que adoptar las medidas excepcionales que exigen la aplicación del artículo 155 de la Constitución, hágase ya sin esperar a que sea demasiado tarde para evitar el recurso indispensable a decisiones muchísimo más graves.

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