La concentración de ayer ante el Tribunal Superior de Cataluña ha sido otro capítulo del programa de movilizaciones, auténtico plan B soberanista por si falla todo para el día 1. Se trata de un acoso a las pocas instituciones del Estado que quedan en esa comunidad autónoma. Es un ejercicio de precalentamiento para lo que pueda venir. Y es un acto de presión sobre los jueces, que trata de incluirlos entre los opresores y los enemigos de la libertad y los derechos básicos de la sociedad catalana, como dice la propaganda separatista. Los jueces que trabajan en Cataluña ya están acostumbrados: cada vez que llaman a declarar a algún independentista sufren un acoso similar.
Las instituciones no tienen por qué soportar la presión de fanáticos que acuden a proteger a quienes presuntamente han cometido un delito. Pero el derecho de manifestación es un derecho fundamental y hay que respetarlo. Por lo menos, respetarlo. Lo que no tiene un pase es descubrir entre los manifestantes a la señora Carme Forcadell. Esa dama no es una simple militante de la causa separatista. Hasta donde sabemos, tampoco es la dirigente de un partido político. Es la presidenta del Parlamento de Cataluña. Representa al poder legislativo catalán, aunque ya sabemos cómo lo representa: asumiendo ardorosamente las consignas independentistas y prestándose a sus juegos antidemocráticos al debatir las leyes de desconexión.
Y miren ustedes: si Ana Pastor, la presidenta del Congreso, estuviera en una manifestación ante el Tribunal Supremo, ¿qué diríamos? Como mínimo, que no respeta o viola el principio de la división de poderes. Si Carlos Lesmes, presidente del Consejo del Poder Judicial, se manifestara ante la Moncloa, sería otra aberración política. ¡Ah!, pero esas normas elementales en cualquier sistema democrático parece que tampoco valen en Cataluña. En la cabeza de la señora Forcadell, el Tribunal Superior de Justicia probablemente no sea la máxima institución del poder judicial en su comunidad; para ella es otro órgano represor manejado desde Madrid, que está en Barcelona para meter en la cárcel a los catalanes. Por tanto, es legítimo acosarlo o incluso pedir que sus jueces y magistrados sean expulsados a España.
Y me temo que no sea un problema de candidez o de incultura política: Forcadell no tiene un milímetro de cándida. Sabe perfectamente lo que hace. Y sabe, sobre todo, que su presencia da a la protestas un carácter institucional. A ojos de muchos ciudadanos, las dignifica. Y es la última evidencia de la escandalosa parcialidad de las instituciones catalanas. Ni división de poderes ni gaitas. Están en la independencia y con quienes la promueven. No existen para el resto de la sociedad