Decididamente, el Gobierno se ha escondido detrás de las togas para afrontar el desafío separatista en Cataluña. Llegados hasta aquí, y después de que el Parlamento catalán violase el Estatut y la Constitución, la vía judicial se hacía inevitable: a quienes apelan a ella alegando que «una sociedad civilizada solo puede basarse en el respeto a las normas que nos hemos dado democráticamente» no les faltan razones. De cara al 1-O poco más se puede decir que eso. Pero llegará el día 2, y el 3, y el 4, y habrá que ir pensando qué hacer en la compleja situación que viene. Y lo primero será reconocer que solo con el recurso a jueces y policías no se solucionará nada; al contrario, todo se enconará hasta llegar a lo que... es mejor no imaginar.
Porque esa vía tiene varios límites muy importantes. Señalaré dos. El primero es el más obvio: más o menos la mitad de los ciudadanos catalanes han aceptado un relato de que España, sencillamente, les falta al respeto, sin que nadie haya ofrecido un relato alternativo, ni intentado corregirlo con hechos y medidas que lo desmientan: corregir eso exige persuasión, poder blando del Estado, más que policías en las esquinas. El segundo límite tiene que ver con el entorno actual de escasa confianza en las instituciones. Porque ese es terreno abonado para quienes desde el secesionismo alegan que España es un Estado fallido. No lo es en absoluto, o por lo menos eso dicen los estudios internacionales reconocidos que clasifican a los países en términos de «calidad de su democracia» (como The Economist Intellingence Unit o Polity IV), en los que España aparece siempre en el grupo de cabeza. Pero es verdad que ha habido un deterioro notable en los últimos años; algo que ha ocurrido también en otros países, si bien aquí de un modo muy acusado.
Suelen atribuirse, con toda razón, al PP dos graves responsabilidades en el deterioro del problema catalán (que no pueden hacer olvidar las de los propios separatistas): las campañas envenenadas de hace una década, y la inacción total frente al asunto de un Gobierno con mayoría absoluta. Pero hay una tercera: la descarada manipulación de algunas instituciones en beneficio propio ha traído que muchas de nuestras variables institucionales hayan empeorado notablemente en las comparaciones internacionales: por ejemplo, en algo tan importante en este momento como la «percepción de independencia judicial» España ocupa la posición 84 de 140 países (56 en el 2008), según el influyente GCR.
A partir del día 2 será el momento de la negociación política (reforma constitucional, con inevitable apertura a un federalismo asimétrico; cambio en el sistema de financiación; competencias exclusivas). No nos engañemos: los acuerdos serán muy difíciles, pues habrá ganadores y perdedores (y a nosotros, ciudadanos de Galicia, tal vez no nos vaya del todo bien con los cambios). Pero para afrontar situaciones así se inventó el noble arte de la política.