Los otros estragos de la rebelión nacionalista


Aunque aun hay gente convencida de que la tenaz apelación de los demócratas al Estado de derecho pisoteado por el secesionismo catalán, con el apoyo fervoroso o vergonzante de sus aliados radicales en el resto del país, es una manía de juristas, no me cansaré de repetir, mientras siga ahí la rebelión nacionalista, que sin respeto a la ley no hay convivencia democrática posible.

«Somos demócratas, y por serlo, tenemos una regla segura: la ley. ¡La ley! La ley tiene dos caras. Por una parte es una norma obligatoria para todos los ciudadanos; pero es también un instrumento de gobierno, y se gobierna con la ley, con el Parlamento, y una democracia se disciplina mediante la ley, que el Gobierno aplica bajo su responsabilidad. No se puede gobernar una democracia de otra manera». Así se expresaba Manuel Azaña en 1932, dando una lección a todos los que hoy, desde el podemismo y el nacionalismo reaccionario, proclaman que la democracia -trucada, manipulada y degradada- que practican Puigdemont y compañía está por encima de la ley.

Pero harto ya del sonsonete de quienes no entienden o no quieren aceptar el razonamiento irrefutable de uno de los padres fundadores de la Segunda República española (que fuera de la ley solo hay barbarie), permítanme añadir que el rechazo frontal de los demócratas al referendo de los rebeldes catalanes no es tan solo consecuencia de su flagrante ilegalidad, sino también de una profunda convicción, que comparten la inmensa mayoría de los cientos de millones de personas que viven en países, como el nuestro, de naturaleza federal: que en ellos solo se puede organizar la convivencia en paz y libertad respetando la pluralidad de identidades que garantiza a todos la común condición de ciudadanos de un Estado que combina autogobierno y gobierno compartido.

Exigir el derecho de autodeterminación -que, según el sólido juicio de más de cuatrocientos miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, carece del más mínimo encaje en Cataluña- supone una locura en un Estado que respeta la diversidad de sus territorios. Muy lejos de ello, la autodeterminación, aplicada allí donde, como en Cataluña, crea un gravísimo problema en lugar de resolverlo, es la mejor forma de exterminar su pluralidad interna, hacer imposible la convivencia y arrasar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Los terribles efectos de sustituir la ciudadanía que une por la identidad que divide a la sociedad en leales y traidores, patriotas y renegados, que es lo que hoy sucede en Cataluña, están bien a la vista: familias rotas y amistades truncadas en medio de un ambiente irrespirable donde lo que era importante se convierte en irrelevante y lo que resultaba irrelevante acaba siendo decisivo. Una desgracia que, cuando, más pronto que tarde, acabe esta locura, solo podrá superarse con mucho esfuerzo, mucho dolor y muchas lágrimas.

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