Tras el episodio de confrontación entre la Generalitat y el Estado, en el que nos vimos involucrados los ciudadanos y las magníficas y muy dignas fuerzas de seguridad del Estado, es evidente que, antes de iniciar cualquier diálogo, es necesario dar dos pasos esenciales: controlar las factorías de ilegalidad e insurrección que funcionan en Sant Jaume y la Ciutadella; y reponer el orden jurídico, político y cívico que es exigible para que cualquier acuerdo que se pacte, o cualquier decisión que se imponga, sean consideradas democráticas.
El esperpento de ayer, canalizado a través de un macabro pucherendo -dícese del referendo programado para dar un pucherazo-, solo puede explicarse por la absurda estrategia de secar el agua del canal independentista sin cegar las fuentes que con tanta abundancia e impunidad lo alimentaban. Y por eso es absolutamente imprescindible que se ensaye cuanto antes el artículo 155; que se aclaren con precisión y rigor los procedimientos que han de regir en posibles aplicaciones posteriores; y que se deje claro, no solo que el referendo era inconstitucional, sino que la posibilidad de que el Estado español se desmiembre en estaditos de la señorita Pepis no está contemplada en ninguna de las reformas que se puedan abordar.
Tampoco parece plausible que el vacío de Estado con el que se quiso satisfacer a los independentistas sea repetible; que sea más fácil izar la bandera de Libia que la de España; y que, cada vez que se produzcan este tipo de situaciones, el Estado español tenga que enviar a sus propios territorios la kafkiana «armada invencible» que ayer nos salvó la cara a Gobierno, Parlamento, jueces y ciudadanos.
El tercer paso es dejar muy claro que la futura reforma de la Constitución no se hará para debilitar la unidad del Estado, ni para fragmentar su soberanía, y que, lejos de hablar sobre un borrador plagado de minas, solo se negociará sobre un modelo similar al de la Constitución alemana, en el que descentralizar y fisurar no son equivalentes, y en el que están descartados los populismos e ideologías que sostienen que, mientras algunas comunidades son realidades indiscutibles, España solo es una quimera gaseosa, surgida de un borrón de la historia, y a merced de cualquier iluminado.
Cuando todo esto se haya dicho, se podrá empezar a discutir lo demás con realismo democrático. Y, aún entonces, será capital para el futuro que la rebeldía no sea premiada, y que a las demás autonomías no se nos quede -como siempre- cara de tontos. Porque, si caemos en la tentación de hacer acuerdos por el atajo, también se hundirán, con España y su Constitución, la Monarquía y el sistema de 1978. Porque haremos lo imposible para derribar este tinglado apolillado y construir otra casa más sólida. Y a eso se le llama -de ello soy consciente- una grave crisis para dos generaciones.