Cataluña es desde el pasado domingo una comunidad autónoma sin Gobierno, porque el de la Generalitat perdió tal condición desde el momento en el que dio un golpe de Estado contra la Constitución y el Estatuto, de los que emanan sus poderes y su legitimidad. Y es también un territorio sin ley, porque la fuerza de seguridad encargada de velar por que se cumpla, los Mossos d’Esquadra, forma parte del golpe, dado que se han negado a obedecer a la Justicia y han abandonado a su suerte a los catalanes que respetan la ley y no han participado en el ilegal simulacro de referendo, que son mayoría. Los máximos responsables de los Mossos no obedecen ya a la Constitución, sino a una ley ilegítima puesta en marcha por los sediciosos. Invertir esa situación, hacer que la Generalitat vuelva a estar presidida por un Gobierno democrático y que en Cataluña impere la ley y la Constitución, como en el resto de España, no es una opción para los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sino una obligación que, en caso de no ser atendida por alguno de ellos, les convertiría en cómplices o consentidores del atentado contra la democracia y de la ruptura de España.
La aplicación del artículo 155 de la Constitución, que faculta al Gobierno para forzar a que la ley se cumpla en aquellas comunidades en las que ha sido conculcada, es por tanto una medida obligada que debe tomarse con independencia de que el Gobierno ya ilegítimo de Cataluña consume o no su amenaza de declarar la independencia, lo que no es sino un intolerable chantaje al Estado, y debería ser apoyada por el PSOE y por todas las fuerzas democráticas. Es ineludible convocar de inmediato unas elecciones en Cataluña para que sus ciudadanos nombren un Gobierno legítimo con el que se pueda dialogar. Y eso solo es posible inhabilitando a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras, no a sus partidos.
El diálogo con todos los actores políticos para buscar una salida democrática a esta crisis de Estado es obligado. Y en ese diálogo deben participar también quienes propugnan la independencia por vías democráticas. Pero nada se puede hablar ni negociar con quienes han pisoteado y siguen pisoteando la Constitución. Los responsables del golpe tendrán que responder de sus actos ante la Justicia. Permitir que no fuera así sería invitar a que otros hagan lo mismo en cualquier otro territorio con total garantía de impunidad.
Si de algo ha pecado el Gobierno de Rajoy es de ingenuo, por confiar en el respeto a la democracia de Puigdemont y en el compromiso con la ley de los mandos de los Mossos. Encargarles a ellos la misión de sofocar el motín cuando ya habían dado claras muestras de formar parte de él fue un error. Pero poner ahora el acento y la crítica en los posibles fallos del Gobierno, en lugar de en los responsables del golpe antidemocrático, es hacer el juego a los golpistas. Tiempo habrá de premiar o castigar la actuación del Gobierno y de cada partido en unas elecciones generales. Pero ahora lo urgente, lo inaplazable, es dar un Gobierno legítimo en Cataluña.