Cuando un marido aparece por la puerta de casa dispuesto a hacer la maleta porque quiere el divorcio, hay quien lo puede entender. Sobre todo cuando se le escucha decir en tono victimista que él hace la colada, la comida, lleva a los niños al cole, plancha de vez en cuando y trabaja de 8 a 10 horas diarias. Y, además, aporta 20.000 euros más a la caja común del hogar. Pero si esa ruptura conyugal se acompaña con un «pero, si quieres hablamos», la única respuesta puede ser «vete», porque el hombre -que tiene cierta disculpa porque está ahogado por su propio victimismo- ni hace la cama, ni la colada, ni lleva a los niños al cole, y solo cocina cuando se trata de hacer una tortilla francesa. Cierto es que llega a casa 10 horas después de haber salido, pero no antes de haber ido a tomar una cerveza con el colega de pádel.
Ayer Puigdemont, que como esposo despechado no se cortó al decir «esta relación [con España] no funciona», declaró la independencia de manera calenturienta, al despertar sentimientos turbios con palabras como «represión» y «persecución» en acciones donde los protagonistas fueron los golpes de porras. En su intento de crear un agravio comparativo, el president planteó que España cada año le roba a Cataluña 16.000 millones. Sin embargo, ocultó que la contabilidad que maneja su Gobierno recoge que los ciudadanos de la comunidad pagan cada año 78.500 millones y que reciben 76.000. Por lo tanto, la diferencia es de 2.400 y no de 16.000, como le recordó en su día el catedrático y exministro socialista Josep Borrell al vicepresidente, Oriol Junqueras. Cataluña aporta lo que le corresponde por ser rica. Sería inimaginable que cualquiera de los empresarios de la lista de Forbes reclamara una rebaja de impuestos por considerar que paga más que los demás. Absurdo. Un andaluz paga lo mismo que un riojano a la hacienda central si tiene los mismos ingresos. Otra cuestión es que el sistema de financiación autonómica tenga que ser más justo y que por eso se eliminen los convenios vasco y navarro, que, aunque históricos, solo incrementan las diferencias entre autonomías. Una asunto que el solidario Puigdemont no denuncia porque él, entre otras cosas, quiere un convenio similar. Los miembros de la Generalitat y sus colegas de partido (de pádel) -léase altos cargos y jefe de Mossos d’Esquadra- han cometido presuntamente los delitos de desobediencia a la ley, prevaricación, malversación de caudales públicos y, presumiblemente, sedición o rebelión. Han fracturado la sociedad, quieren ocultar la corrupción y a los corruptos y han manejado la educación como arma política. ¿No les parece suficiente maltrato?