¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo!


Es posible que el presidente rebelde Puigdemont crea haberse salido con la suya al declarar ayer la independencia de Cataluña en forma de república. Es incluso posible que su acto, tan ingenuo como insólito, de malabarismo -suspender los efectos de tal declaración- haya logrado engañar a los incautos incapaces de ver lo que tal cosa es en realidad: pura retórica. Sí, pura retórica pues resulta imposible suspender unos efectos que no existen dado que nadie, ni España ni ningún otro Estado del planeta, reconocerá la independencia que ha proclamado Puigdemont. El objetivo de tan pintoresca suspensión, muy distinto, es, por tanto, transparente: intentar frenar, a la desesperada, la inevitable acción del Estado democrático en respuesta al golpe de Estado que ayer se consumó en el parlamento catalán.

Ese golpe de Estado, que abre la mayor crisis política de nuestra reciente historia constitucional, no es sino la culminación -hoy lo sabemos- de una conspiración revolucionaria en toda regla contra la unidad de España, su Constitución y la democracia que de esta se deriva, la mejor que jamás hemos disfrutado. Así quedaba de relieve con toda claridad en un documento incautado por la Guardia Civil a Josep María Jové i Lladó, secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, detenido por orden judicial, bajo la acusación de sedición, el 20 de septiembre.

Dos párrafos de ese escrito (Reenfocant el procés d’independencia per un resultat exitós) no tienen desperdicio, pues prueban la estrategia desestabilizadora del independentismo para alcanzar la secesión. El objetivo de los separatistas debía ser impulsar «un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica, que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación o un referendo forzado». Para ello, subrayaba el documento, «los jefes políticos y policiales de los Mossos están totalmente involucrados en este proceso separatista». Es difícil imaginar una traición más alevosa por parte del nacionalismo contra la Constitución que les ha permitido durante décadas gobernar en Cataluña y contra el Estado cuyas normas deberían guardar y hacer guardar.

Por eso, la respuesta de la democracia española contra la conspiración que ha acabado en la declaración de independencia debe ser proporcional a su extraordinaria gravedad. Esto tiene que acabarse. Y, llegado al punto demencial al que las cosas han llegado, tal objetivo, vital para el futuro de España, solo puede alcanzarse actuando con todo el peso de la ley contra los responsables de esta verdadera rebelión. Cualquier otra salida sería cronificar un problema que, entonces, ya no tendría solución.

Como los militares que entraron metralleta en mano el 23 de febrero en el Congreso, Puigdemont ha gritado también «¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo!». Solo que en lugar de dirigirse a 350 diputados y al Gobierno de Suárez lo ha hecho a cuarenta millones de españoles.

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¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo!