Entre el golpismo y la democracia, Puigdemont escogió ayer el golpismo. Entre defender en el Senado su plan independentista sometiéndolo a las reglas del Estado de derecho o imponer de manera unilateral y totalitaria su plan de separar a Cataluña de España por las bravas, escogió deshonrar su cargo de presidente de la Generalitat. Puigdemont ha despreciado todas las oportunidades que se le han dado para volver a la legalidad. Ha ignorado todas las advertencias del Gobierno sobre las consecuencias que tendría mantenerse en la rebelión. Y ayer, en un acto que constituye ya una traición a España y a Cataluña, llevó su delirio hasta el final y desoyó las voces que en su partido y en su propio Gobierno le reclamaban que no declarara la independencia porque eso provocaría ruina y desgracia para millones de catalanes.
Puigdemont, Oriol Junqueras, y todos los miembros de su Gobierno que secunden esa decisión son por tanto los únicos responsables de la pérdida temporal del autogobierno de Cataluña que va a suponer la aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar la democracia y convocar unas elecciones autonómicas con plenas garantías democráticas. Todos ellos tendrán que responder no solo ante la Justicia, sino también ante la historia y ante Cataluña.
En una nueva demostración de indignidad política, hasta el último momento intentaron los sediciosos una maniobra tramposa para ganar tiempo, evitar la aplicación del 155 y mantenerse en el poder convocando elecciones sin renunciar a la independencia. Y en una muestra final de insuperable cinismo, presentaron un último recurso ante el mismo Tribunal Constitucional al que no reconocen y cuyas sentencias han ignorado siempre con absoluto desprecio.
Pero la farsa ha concluido. Consumada la rebelión, el Estado tiene la obligación de tomar las medidas que sean necesarias para restaurar la ley y la Constitución en Cataluña. Y ello no será posible mientras la Generalitat esté gobernada por un hatajo de golpistas. Como tampoco será posible celebrar unas elecciones autonómicas con plenas garantías mientras el jefe de los Mossos sea un comisario acusado de sedición y con 17.000 agentes armados a sus órdenes, o con unos medios de comunicación públicos convertidos en departamento de propaganda separatista y desde los que se ha llegado a transmitir los movimientos de la Guardia Civil para facilitar el acoso de las turbas callejeras.
No puede haber dudas. Restaurar el orden en Cataluña, destituir a Trapero, a Puigdemont y a todo su Gobierno, desmontar piedra por piedra el golpe de Estado, llevar a sus responsables ante la Justicia y convocar elecciones autonómicas solo después de conseguido ese objetivo es una obligación democrática ineludible. Urgente. Sea fácil o difícil. Si el Gobierno hubiera paralizado el 155 ante la última maniobra tramposa de los sediciosos solo habría dado más tiempo al independentismo para imponer su plan totalitario y traicionado a los catalanes al dejarlos a merced de unos golpistas xenófobos.