¿Deben ser candidatos los rebeldes?


No he oído a nadie censurar que Ignacio González, exconsejero madrileño del PP, haya estado en prisión preventiva siete meses, hasta este miércoles, ni que el juez le fijase una fianza de 400.000 euros para salir en libertad. Ni lo he oído ni seré yo, por supuesto, quien lo haga. Como a González se le acusa, con serios indicios de criminalidad, de montar una trama para apropiarse de millones de euros públicos valiéndose del cargo, sus medidas cautelares han sido, dada la gravedad de sus presuntos delitos, la lógica consecuencia del alto riesgo de fuga o de destrucción de pruebas que pudieran contribuir a incriminarlo.

Ocurre, sin embargo, que lo que aceptamos sin reservas para los que, como González, y sea cual sea su partido, están acusados de corrupción no sirve para los políticos nacionalistas imputados por delitos muchísimo peores y de efectos mucho más ruinosos. La rebelión secesionista catalana, además de haber pisoteado la Constitución y las leyes, trituró la convivencia en Cataluña, abrió una terrible brecha con el resto del país, desprestigió su imagen, provocó violencia, consumió ilegalmente ingentes fondos públicos primero para impulsar la sedición y después para frustrarla y provocó un caos político que ha influido ya negativamente sobre el crecimiento y el empleo.

¿Por qué, pues, juzgar socialmente de forma tan distinta a los políticos implicados en casos de corrupción y a los rebeldes catalanes, presuntos responsables de acciones criminales que han hundido el principio esencial de que los poderes públicos deben cumplir y hacer cumplir las leyes?

La verdad es que solo cabe una explicación: que, por influencia del extremismo izquierdista y el nacionalismo, hay todavía gentes que consideran que los primeros son delitos de verdad y los segundos, digamos, de mentira.

Es decir, delitos políticos que, por ello, en realidad no serían tales. Para entendernos: según esa visión perversa de la ley, el político que mete la mano o recibe un regalo a cambio de prevaricar es un sinvergüenza y un corrupto (lo que, claro está, no seré yo quien ponga en duda) pero, y ahí sí mi discrepancia es absoluta, quienes organizan una rebelión para tratar de romper la unidad de un país, haciéndole un daño formidable a su imagen, economía y paz social, no serían peligrosos delincuentes sino, en el mejor de los casos, patriotas admirables y, en el peor, errados patriotas.

Es esta disparatada y siniestra forma de analizar la realidad la que lleva a nuestros izquierdistas y nacionalistas a preguntarse cómo es posible que un candidato electoral pueda estar encarcelado, en lugar de formular la cuestión como deberían hacerlo en realidad.

Es decir, al igual que lo hacen cuando se trata de políticos acusados de corrupción: ¿Cómo líderes imputados por rebelión, sedición y malversación puede tener la pretensión de concurrir a unos comicios?

Esa, y no otra, es la cuestión.

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