Históricamente, nuestro país ha lastrado tres grandes problemas que jugaron un fortísimo rol a lo largo de los siglos XIX y XX, y que vienen a coincidir, por cierto, con los «grandes fantasmas» del reaccionarismo español, a saber: las cuestiones religiosa, social y territorial. A ellos podríamos añadir otra que, a decir verdad, nunca representó un inconveniente para la derecha -más bien todo lo contrario- y que hoy parece que ha desaparecido felizmente: la injerencia del ejército en la vida pública. Sea como fuere, dicha tríada compuso también el eje en torno al cual el republicanismo articuló su programa reformista de modernización de España. Y, bien mirado, la revolución conservadora que terminó alumbrando el franquismo no fue otra cosa que la respuesta a aquellos males que padecía la patria.
Con el proceso de (contra)reformas capitaneado por los socialistas a partir de los años ochenta y que completó el Partido Popular desde finales de los noventa, se transmitió la sensación de que todo aquello había quedado «en el basurero de la historia». Como vociferó décadas atrás un renombrado socialista, en efecto, a este país «no lo iba a reconocer ni la madre que lo parió». Sin embargo, «la vida nos muestra a cada paso los vestigios de lo viejo sobre lo nuevo», que decía Lenin. Y si bien la cuestión religiosa parece haberse aplacado con el pasar del tiempo y la evolución de la sociedad española, no puede decirse lo mismo de las dos restantes. Es posible que con la llegada del nuevo milenio las cuestiones social y territorial dieran a más de uno la impresión de haber quedado definitivamente enterradas, pero hoy estamos en disposición de afirmar que continúan constituyendo el horizonte democratizador de nuestro país.
La crisis económica de 2008 reabrió la gran brecha en el decurso histórico diseñado y por ella se volvieron a colar los viejos fantasmas del pasado. Los españoles despertamos así abruptamente del espejismo creado por la burbuja inmobiliaria, el ladrillo y la especulación financiera. El espectro que recorrió entonces el Estado fue el de la cuestión social, excepto en Cataluña, donde se dio la particularidad de que, junto a este, entró en juego el territorial. A decir verdad, su acción conjunta ha producido los cambios más notables del panorama nacional. No hay más que ver la configuración de la Generalitat o del Ayuntamiento de Barcelona. En la primera, los otrora todopoderosos PSC o la antigua CiU (a la que las circunstancias han transformado en PDeCAT), hoy sólo pueden aspirar a ser (en el mejor de los casos) la tercera fuerza de un arco parlamentario que, dominado por la ERC, es más plural que nunca. En él, la izquierda de los Comunes y la CUP suma cerca de un veinte por ciento del sufragio. Por lo demás, la flamante alcaldía de la capital catalana -que entre 1979 y 2011 ostentara el PSC, hoy quinta fuerza con menos de un diez por ciento de los votos-, pertenece ahora a un partido surgido directamente de la contestación a la crisis económica.
Incluso el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, confesó hace algunas semanas echar en falta la política pujolista, la misma que ejemplificaba en sí los injustos desequilibrios del sistema. Y es que su desaparición le ha imposibilitado, en aquel preciso momento, de llevar a cabo una estrategia pactista con la derecha catalana.
Todo ello, no obstante, no parece ser suficiente y no son pocos quienes minusvaloran -a derecha e izquierda- la cuestión nacional como si de un asunto de «falsa conciencia» se tratara. Es lo que a todas luces se desprende de las palabras de Alberto Garzón en una entrevista reciente, en la que afirmaba que «cuando el derecho de autodeterminación lo exigen las partes más ricas hay que tener un elemento de sospecha». Una forma de expresar la tan popular como mal fundamentada idea de que el soberanismo (ya catalán, ya vasco) es un producto genuinamente «burgués» empleado por el conservadurismo.
Lo cierto, agrade o no, es que la cuestión nacional es el solitario frente que todavía hoy trae de cabeza a la derecha -y, con ella, al PSOE-. A decir verdad, es el único de los grandes problemas que de momento ha provocado la tan cacareada «gran coalición» entre «populares» y socialistas. Incluso más, lo que en el plano social habría sido una condena política para los primeros, equiparable a la de sus homólogos griegos (la famosa «pasokización» del PSOE), parece de momento tener rango de exoneración por parte de sus bases y simpatizantes. Por lo tanto, como mínimo, cualquiera habrá de reconocer que esta problemática, que tan ridícula le parece a los puristas abanderados del progreso social, ha contribuido decisivamente a cristalizar los posicionamientos en cuanto al modelo de régimen existente.
Y cristalización significa perder indefinición para adquirir una forma precisa, lo que implica volverse más rígido, por tanto, quebradizo. Sin embargo el sistema se muestra notablemente resistente. Ha logrado ahuyentar (que no desaparecer) el fantasma social, pero no termina de conseguir hacer lo propio con el último de los espectros. Y este es el único elemento que ha provocado que el propio rey rompa su papel moderador, situándose -en palabras de Javier Pérez Royo- en deslealtad al poder constituyente del pueblo español, al colocar a capricho el artículo 1.3. CE por delante del 1.2.
Se ha cruzado el Rubicón. El PP abandera y el PSOE lo sigue. Y la monarquía parece entender que debe ligar su suerte a ellos. Creo que lleva razón. La izquierda, de momento, no comprende casi nada. Sencillamente, no es posible llamar a la calma invitándoles a volver al otro lado de la orilla.
En este contexto de polarización, las cosas siguen su curso más o menos normal. Ciudadanos se perfila como un partido de extrema derecha, ocupando un espacio que hasta ahora comprendía (y, en parte, contenía) el PP. Así, se reacomodan dentro de los sistemas políticos catalán y español como un partido anticatalanista. Incluso el PP se ha mostrado reticente ante algunas sugerencias de la formación naranja. El peligro de que C's se haga con la bandera del españolismo en Cataluña, haciendo de él un proyecto político genuinamente negador de lo diferente, partidario de la estandarización más absoluta, debería ser tomada con la seriedad que merece.
Las cosas se mueven; la izquierda no hace nada. Toda esta situación le pilla al contrapié, con unos deberes que no pueden ser improvisados sin hacer, y tratando, por un lado, de ocupar un «centro del tablero» que ya no puede existir; por el otro, negando el elemento vertebral sin el cual no puede entenderse la cuestión social en Cataluña. Debería saber, no obstante, que cualquier proyecto alternativo de España ha de pasar, irremediablemente, por esa región. Será (o no) cuestión de tiempo, pero hasta que no se encuentren las esferas nacional y social no se lograrán avances políticos importantes. En realidad, el campo de la derecha lo sabe perfectamente. Y desde siempre.