El inaceptable agravio del cupo vasco


Alguien escribirá algún día la historia de cómo el PNV, que nunca tuvo más de ocho escaños en el Congreso, condicionó durante décadas la política española, consiguiendo cada vez mayores privilegios económicos para los ciudadanos vascos a cambio de vender sus votos al Gobierno de turno y manteniendo pese a ello una deslealtad permanente hacia España. La aprobación del nuevo cupo vasco con unas cifras que todos los expertos consideran manipuladas y discriminatorias es el último capítulo de esa historia, que puede tener además graves consecuencias. El Gobierno y el PSOE deberían saber que no es posible soplar y sorber a la vez. Y que malamente se puede acabar con el feroz egoísmo del independentismo catalán mientras se alienta la insolidaridad del País Vasco convirtiendo a sus ciudadanos en privilegiados que disfrutan de una financiación per cápita que dobla a la del resto de españoles.

Es verdad que el concierto vasco está en la Constitución, fruto por cierto del eterno chantaje nacionalista. Pero la factura del cupo, es decir, lo que los vascos pagan por los servicios que el Estado presta en esa comunidad, no puede subir o bajar en función de lo necesario que sea el voto del PNV para aprobar los Presupuestos. Sorprende en todo caso que los mismos que argumentan que hay que cambiar la Constitución de arriba abajo porque tiene ya cuarenta años -como si la Carta Magna fuera una lavadora-, defiendan que el concierto vasco, que tiene su origen en unos fueros medievales, «tenga que permanecer inmutable por los siglos de los siglos aunque sea una injusticia.

Mantener el anacrónico sistema del concierto carece de base democrática. Pero manipular la contabilidad para privilegiar al País Vasco más de lo que ya lo estaba, haciendo así lo contrario a lo que propone el grupo de expertos para reformar el modelo de financiación, es un escándalo. La cuenta es sencilla. Si cada comunidad tuviera un cupo similar al del País Vasco, España estaría en quiebra. Quizá en vez de cambiar la Constitución para profundizar en los privilegios de unas comunidades, extendiendo el agravio vasco a Cataluña, como plantean algunos, la reforma debería servir para eliminar la injusta distinción de trato entre ciudadanos de un mismo país.

Vascos, catalanes, gallegos y españoles de cualquier comunidad deben tener una fiscalidad ecuánime y una financiación equitativa, de manera que su prosperidad dependa de su buena gestión en el manejo de los recursos públicos, y no de anticuadas regalías asociadas a su lugar de nacimiento. Por eso resulta inexplicable que todos los partidos, desde la izquierda a la derecha, con la única y honrosa excepción de Ciudadanos y Compromís, aprobaran ayer esta palmaria injusticia, que hace que una comunidad rica como el País Vasco no solo no aporte nada, sino que sea subvencionada por el resto de españoles. ¡Y encima con el PNV haciéndose el ofendido y dando lecciones!. Los diputados que han respaldado este agravio deberían dar ahora una explicación a los ciudadanos de sus comunidades.

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