Como criminólogo quedo estupefacto por los acontecimientos suscitados en el juicio oral donde se juzgan a cinco personas por «presunta» violación, entre ellos, un miembro de las fuerzas y cuerpo de seguridad. La aportación de un informe elaborado los meses posteriores por un detective privado y encargado por la defensa llega a un extremo de victimización sin precedentes. La desprotección de la víctima después de sufrir un acto bárbaro de esa índole es alarmante, pues no solo han mancillado a una chica posiblemente para toda su vida, si no que además han encargado vigilar. ¿Para demostrar que?, ¿Qué ya no tiene derecho a continuar con su vida? ¿Qué no tiene derecho a intentar olvidar el pasado? ¿eso exime de culpabilidad a sus autores?.
El Detective Privado es una figura recogida en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, el artículo 37.4 de la misma dice literalmente: «Los detectives privados NO PODRÁN INVESTIGAR DELITOS perseguibles de oficio». Por tanto no llego a entender como se encarga, elabora y presenta un informe que incumple la legislación vigente, y atenta sobre el derecho de protección y libertad de la víctima.
Al parecer la manada sigue persiguiendo a su presa, no solo fueron los actores de una escena deleznable, y digo esto último guardándome adjetivos calificativos a la espera que la justicia se pronuncie, para mantener el principio de presunción de inocencia, pues cinco personas en un portal, en un espacio reducido, «presuntamente» con añadidos de otras sustancias, festejando su hombría con una sola chica, repartiéndose el turno como buena manada, es un acto que independientemente sean juzgados por violación o no, dice más de ellos que todo lo que pueda expresar y contener ese informe ilícito y amoral, elaborado para mancillar aún más a la víctima.