¡Dios mío, qué difícil es ser juez! Si es instructor, recordad a José Antonio Vázquez Taín: tuvo que instruir el caso Asunta en medio de enormes presiones, vertidas tanto por el abogado José Luis Gutiérrez Aranguren, que descalificaba a diario su trabajo en los medios de comunicación, como de las dudas razonables que surgen en cualquier investigación. Hace falta una gran seguridad en sí mismo para llegar a conclusiones que pueden privar de libertad a los imputados o investigados. Un juez de instrucción no hace sentencias, pero de su trabajo depende la primera atribución de inocencia o de culpabilidad.
Recordad ahora a la jueza Carmen Lamela. Si por las razones que sean el juez del Supremo Pablo Llarena deja en libertad a los antiguos miembros del gobierno catalán cesados y encarcelados por ella, quedará como la magistrada que extremó su dureza y los independentistas la volverán a acusar de no haberles dejado tiempo para preparar debidamente su defensa. Carmen Lamela es una magnífica jueza, según todos los testimonios de quienes conocen su trabajo. Es rápida en sus instrucciones, es una gran trabajadora y es tan independiente que no se ha querido afiliar a ninguna de las asociaciones de jueces. Sin embargo, quedará marcada para bien y para mal por sus decisiones sobre los antiguos consellers.
Si el juez o el tribunal juzga y sentencia, pensad un momento en quienes tienen que decidir sobre el vomitivo caso de la todavía supuesta violación grupal de una chica en los sanfermines del 2016. Muy pocas veces un tribunal tuvo que soportar tantos juicios paralelos en los medios tradicionales y, sobre todo, en las redes sociales. Multitud de observadores han proclamado culpables a los cinco acusados y multitud de escribidores los han declarado inocentes. Ahora que el juicio queda visto para sentencia, se enfrentan a dos visiones opuestas, pero igualmente contundentes: la del fiscal, convencido de que hubo una violación organizada, con violencia e intimidación, y la de los defensores, seguros de que las pruebas no demuestran tal cosa, sino que fueron actos sexuales consentidos.
Y con esos ingredientes hay que dictar sentencia. Y no es cualquier sentencia: los acusados se juegan 22 años de cárcel. De ese tribunal depende tan larga privación de libertad, pero también la honorabilidad de la muchacha. Es posible que, si declara la inocencia, el calificativo de machista se escuchará más de una vez, porque el feminismo está muy activo; pero, si los envía a prisión, tampoco faltarán las críticas. Yo he querido escribir estas líneas sin otra intención que la de rendirles un mínimo homenaje en tiempos de tribulación. Al fin y al cabo, la sentencia será la única que establezca la verdad; la verdad judicial, pero la verdad final.