Espejismos del 155


En los agitados días anteriores a la Resolución del Parlamento de Cataluña de 27 de octubre, conocida popularmente como la DUI (Declaración Unilateral de Independencia), era difícil prever el efecto que la anunciada aplicación del artículo 155 de la Constitución Española tendría desde el punto de vista institucional, político y social. Por fortuna, las cosas han salido razonablemente bien en términos de mantenimiento de la paz, porque eran legítimas, vista la situación de las semanas precedentes, las dudas sobre en qué medida los mandos de los Mossos d’Esquadra acatarían las instrucciones emanadas del Gobierno de España, hasta dónde llegaría la resistencia efectiva del Govern de Cataluña a su destitución y en qué grado utilizarían a las personas partidarias de la independencia como escudo de defensa (al estilo de lo sucedido el 1 de octubre). Fue providencial la inmediatez de la autorización del Senado y el acuerdo del Consejo de Ministros y, más aún, la seguida aceptación del cese por el Director General de la Policía Autonómica (28 de octubre) y, al día siguiente, por el Mayor de los Mossos. De un escenario probable de aplicación por la fuerza del 155 se pasó al rápido restablecimiento del orden constitucional, con la espita liberadora de la convocatoria electoral para el 21 de diciembre, dando una salida democrática al formidable enredo que el desprecio del independentismo por las leyes había creado.

El efecto balsámico del 155 no debe, sin embargo, conducirnos a la complacencia ni a ocultar las múltiples sombras e interrogantes que rodean esta cuestión. Por una parte, que el artículo citado contemple la facultad de destitución del Govern, de disolución del Parlamento y de convocatoria electoral, es francamente discutible, si atendemos a la literalidad del precepto y en especial a la indicación de que el Gobierno central “podrá dar instrucciones a las autoridades de las Comunidades Autónomas”, que nada dice de cesarlas. Es ciertísimo que la radical huida hacia adelante (antes de la esperpéntica huida a Bélgica) de Puigdemont, pocas alternativas dejaba; y que del éxito de la salida electoral da fe que hasta la CUP participe en ella, pero le tocará nuevamente al Tribunal Constitucional dirimir la disputa y hacer requiebros interpretativos. Se da la paradoja de que el recurso que Unidos Podemos ha anunciado es tan inoportuno políticamente (porque la pretensión es, a la postre, dejar inerme al Estado ante desvaríos como la DUI, pensando que la sola invocación al diálogo servirá) como pertinente desde el punto de vista del debate doctrinal, porque el margen de actuación que otorga el 155 no es precisamente claro y se necesita exégesis jurídica y delimitación de esta figura, necesaria en nuestra Constitución.

Por otra parte, si bien fijar de antemano la convocatoria de elecciones autonómicas se ha revelado un acierto, al acotar temporalmente el periodo excepcional en el que estamos, nos podemos encontrar con el inusual hecho de que se revalide una mayoría independentista en el Parlamento catalán, exigua y prueba de la fortísima división social provocada, pero suficiente para sostener un nuevo Govern cuya retórica entronque con la DUI. Que las piezas del tablero se moviesen y hubiese espacio para formar otras mayorías sería deseable; y que se abandonase la dinámica frentista, más aún, aunque parece como poco prematuro pretender que esto suceda tan rápido, viniendo de sucesos tan graves como los vividos en el mes de octubre. No volveremos exactamente a la casilla de salida, pero el ambiente de confrontación seguirá siendo la tónica, con el desgaste consiguiente. Las opciones independentistas, no sobra recordarlo, tienen pleno derecho a expresarse y a defender por la vía democrática sus propuestas, lo que debe conducirles a plantear que se contemple el derecho a solicitar la secesión en nuestra Constitución (una aspiración que puede perfectamente discutirse, en términos análogos a los de la Ley de Claridad canadiense, por ejemplo). Es una fantasía y un absurdo, en suma, pensar que se trata de una fiebre pasajera o del mero resultado de la manipulación, y más allá de desmontar las falacias independentistas (la primera de ellas, que todos los problemas de Cataluña vienen de la supuesta subordinación a España), es imprescindible preguntarse por la parte consistente de las razones de la desafección.

Finalmente, la ilusión más peligrosa es creer que haber frenado el procés con los instrumentos constitucionales y sin tener que recurrir a la coerción -más allá del discurrir de los procesos penales iniciados, que llevarán su tiempo y son harina de otro costal- permite eludir el debate de fondo. Ni la Constitución goza de buena salud ni su reforma se puede postergar, y no sólo en lo que se refiere al modelo territorial. Las expectativas legítimas de que dicho debate se abriría en serio ?recordemos las declaraciones previas a la activación del 155- no se pueden frustrar y es necesario que la derecha de este país aterrice de una vez en este escenario, para ser parte de la solución y no del problema. Sería una terrible irresponsabilidad enrocarse en el inmovilismo, utilizar electoralmente los ánimos encendidos que dejan estos episodios o tratar de estigmatizar a quien defienda acometer una reforma amplia y con un apoyo suficiente de nuestra Carta Magna. En absoluto se trataría de una contrapartida a nadie sino de un servicio a la continuidad constitucional y a la adaptación del Estado a la realidad social y territorial, muy distinta de la de 1978.

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