Trepidante comienzo de la campaña electoral catalana. No le faltó ningún ingrediente. 1) Encuesta del CIS con la emoción de un partido españolista como el de mayor intención de voto. 2) Morbo de ver a los independentistas sin mayoría absoluta después de la que organizaron. 3) Expresidente Puigdemont («president», para TV3) ante la Justicia belga, y no podrá estar en la campaña por lo menos hasta el día 14. Y 4) Auto del magistrado Llarena, que deja en prisión a cuatro de los encarcelados. No se le puede pedir más al comienzo. Es la campaña más intrigante que hemos visto en los 40 años de democracia. El desenlace sigue siendo imprevisible.
De todos esos acontecimientos, el más trascendente quizá sea la decisión del juez Llarena. Todo el mundo se equivocó en sus previsiones. Se pensaba que iba a ser el anti-Lamela, que iba a corregir a la magistrada de la Audiencia Nacional. Muchos periódicos respetables anunciaban el viernes la puesta en libertad de todos los presos. No contaban, claro, con el criterio del juez, y el juez tenía el documento Enfocats, un relato detallado del plan para separar a Cataluña. Ese plan tenía un comité ejecutivo que estaba formado por los dos Jordis y por Oriol Junqueras.
¡Pobre Junqueras! Hace nada había pedido que le dejaran salir para hacer campaña y le hacen quedarse. Yo, naturalmente, ignoro si hay motivos, porque una prisión incondicional por delitos de raíz política siempre es cuestionable. Lo único cierto es que la decisión del juez responde perfectamente al calificativo de «preventiva»: se trata de prevenir la continuidad delictiva. El relato del juez parece la descripción de cómo se monta un golpe de Estado con una «falsa legalidad paralela», la movilización popular pensada para provocar una respuesta violenta y el desenlace: «Persistir en el conflicto hasta que al Estado [español] no le quede más alternativa que la autorización de la independencia».
Por lo que se lee en el auto, la voluntad pacífica del procés solo era verbal. Tres de los querellados estuvieron en los destrozos ante la Consejería de Economía. Y al entonces consejero de Interior, señor Forn, se le hace responsable de la inhibición de los Mossos aquella noche. A la vista de ello, ¿tenía el juez otra alternativa que mantenerlos en prisión? Es doloroso decirlo, pero no. Vamos a escuchar muchas barbaridades contra él y contra la Justicia «española». Pero hay que ponerse en la piel de ese juez y al mismo tiempo preguntarse: ¿y si se equivocó? Si se equivocó, el Estado de derecho garantiza la vía de los recursos. Pero estamos en las fechas en que estamos y el impacto en las urnas va a ser capital. Tanto como para dar la vuelta a la encuesta del CIS.