Lo ocurrido con las obras de arte sacro del monasterio de Sigena es un retrato exacto y cruel del momento político que vive este país y revela, a mi juicio, dos de las enfermedades (también políticas) que hacen difícil la convivencia. Primera enfermedad, la falta de habilidad (¿le llamamos inteligencia?) para no exacerbar conflictos que ya existen. En este caso ha sido escandalosa. Hace falta tener un sentido romo de la oportunidad para que el pasado 27 de noviembre el ministro Méndez de Vigo saliese al escenario a proclamar que esos bienes serían devueltos a Sigena. El ministro hablaba así en función del artículo 155, que le daba ese poder como encargado de la Consejería de Cultura de la Generalitat.
Y hace falta ser uno de esos jueces que no quieren prever las consecuencias de sus decisiones para poner como fecha de la devolución el 11 de diciembre, a diez días de las elecciones catalanas, y también en plena vigencia del 155. Después de 22 años de litigio, no pudo esperar dos semanas más. No, no pudo: tuvo que aprovechar la disposición del ministro y sus nuevos poderes para señalar ese día y permitir «el uso de la fuerza». Es para la antología de la inoportunidad. Incluso de la provocación. Un agitador de la CUP no lo hubiera hecho mejor.
Si todo eso parece cómico por lo burdo, no perdamos la reacción del separatismo catalán. Han llegado a calificar la acción judicial como «botín de guerra», que son ganas de manipular la realidad, y el fugado Puigdemont calificó el episodio como «expolio». Para esta tropa, el Estado opresor montó la devolución de esas obras como una parte más del «España nos roba»: después de saquear los bolsillos y presionar a las empresas para que abandonen Cataluña, ahora arrebata «sus» tesoros artísticos en una rapiña en la que participan todos: la Justicia, el Gobierno central usurpador y sus cómplices Sánchez y Rivera. No se ha visto desvergüenza mayor: la Generalitat que Puigdemont presidió se negó a cumplir las sentencias sobre Sigena durante lustros. Exactamente igual, pero con menos aparato mediático, que las sentencias del Constitucional sobre el procés. Y sus anteriores administradores no tienen el menor inconveniente en presentarse como saqueados por España.
En fin, señores, todo es deprimente: la alarmante ausencia de sensibilidad mínima, por lo menos estratégica, en el Estado; la inquietante falta de sentido de la oportunidad política; la falta de escrúpulos del separatismo y la ya enfermiza incapacidad de respuesta de todo un poderoso Estado de derecho. Se limitan a decir que todo ha sido una decisión judicial. Ahí se acaba la inteligencia de su discurso. Yo solo replico: váyanse todos a hacer puñetas; todos, sin excepción.