Del oasis catalán al desierto legal


Quiero poner la máxima contención verbal en lo que escribo, porque la exaltación es fácil, pero no aconsejable a menos de una semana de las elecciones. Durante los últimos dos meses, aquel paisaje idílico que llegó a llamarse «oasis catalán» ha degenerado en una selva de comportamientos que situaron a multitud de personas fuera de la ley. Acciones presuntamente delictivas se convirtieron en una práctica habitual. No hablo de toda Cataluña, naturalmente. Ni siquiera de la totalidad de su clase política. Hablo de su último Gobierno y de aquellas instituciones que dependían de este Gobierno. Y hablo a partir de hechos que todos hemos visto y de historias descubiertas por la Guardia Civil.

Si nos remontamos al referendo del 1 de octubre, encontramos actuaciones que, si no fuesen políticas, parecerían propias de la delincuencia organizada: fabricación clandestina de urnas; impresión de papeletas y documentación electoral como si fuesen billetes falsos; ocultación del dinero público gastado como si hubiera sido producto de atracos; conspiración con las asociaciones cívicas para coaccionar a los poderes del Estado; y, todo eso, coronado por una imagen que todos recordamos: el jefe de todos esos agentes cambiando de coche debajo de un túnel para despistar al helicóptero de la policía que lo seguía.

Hace unos días se hicieron públicas algunas anotaciones del número 2 de Oriol Junqueras, Josep María Jové, en las que narra reuniones de alto nivel para la preparación y ejecución del procés. Ahí sale el núcleo duro de la conspiración, las formas de engañar al Estado, los riesgos que los conjurados veían en el horizonte, el doble lenguaje que usan cuando hablan entre ellos o cuando hablan en público, la ocupación de espacios, la colocación de afines… Todo ello, en un clima de oscurantismo que recuerda al que nos mostraban algunas películas del Chicago de los años 20. El juez que instruye el caso, Pablo Llarena, tiene en esa libreta de notas una generosa base documental para llamar a más gente a declarar.

Y lo último, los Mossos d’Esquadra: tenían una división para espiar a dirigentes políticos de otros partidos. Cuando se descubrió algo parecido en el ministerio del Interior (la famosa policía patriótica), los nacionalistas reprobaron al ministro y provocaron su caída. ¡Y ellos hacían lo mismo, con identidades falsas y técnicas de la guerra fría! Y encima, fabricaban información y propaganda a favor de la secesión. Y el bochorno final: estaban tan seguros de que cometían una ilegalidad, que intentaron quemar las pruebas. Esa es la «limpia ejecutoria» de una administración pública. Pero no hable usted de eso a los votantes independentistas. Si lo hace, le responderán: «si el Estado nos oprimía, era lícito hacer algo ilegal». Y desde esos supuestos se disponen a votar.

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