Contrariamente a quienes caen en el cinismo o la desesperanza, yo saludo como una buena noticia el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO para incrementar gradualmente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 20% hasta 2020, con la previsión de que alcance en ese año la cifra de 850 €, aunque dicha subida esté sujeta a que se mantenga un ritmo de crecimiento del empleo en 450.000 puestos de trabajo anuales y del Producto Interior Bruto (PIB), en al menos el 2,5% cada año. La subida se suma a la acordada entre el Gobierno y el PSOE para el año 2017, de un 8% (acuerdo que casi nadie defendió, pese a su importancia), de modo que la línea de incremento del SMI adquiere cierto recorrido. Es cierto que el SMI ya no es desde hace tiempo referencia para los requisitos y cálculo de prestaciones, subsidios y ayudas de distinto tipo; y que no necesariamente su incremento sostenido significará un aumento de los salarios en la negociación colectiva ni en aquellos sectores que operan en buena medida al margen de ésta (por ejemplo, en ciertas relaciones laborales de carácter especial). Pero, al menos, pone en la agenda la necesidad de que la retribución de los trabajadores alcance cifras que se vayan aproximando a un salario digno, también en los trabajos menos cualificados o en aquellos ámbitos en los que reina impunemente la precariedad.
Ciertamente, los pasos en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y en la dignificación, en suma, del trabajo, son tímidos, si los contrastamos con el intenso efecto de la crisis y de la devaluación salarial, utilizada como palanca de recuperación casi a la desesperada. Basta comprobar que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la participación de las rentas del trabajo en el PIB es del 47% en 2017, dos puntos menos que en 2007; y que el coste laboral real aún es un 2,5% inferior que hace una década. En el día a día, se extiende la sensación decepcionante de que el trabajo ya no te asegura pagar las facturas, vivir con cierta comodidad material y dar a los tuyos una vida mejor, que ha sido, en última instancia, el acicate de la paz social. Este amargo sentimiento va sedimentando una espesa frustración que veremos qué nuevas válvulas de escape encuentra en el plano político y social, si es que la pinta más amable de las cifras macroeconómicas no termina de traer una mejoría más amplia o si el adocenamiento propio de nuestra época no hace su oscura y constante labor de someter conciencias.
Contra el rescate de la clase trabajadora va también el ritmo de los tiempos y la revolución productiva en la que vertiginosamente nos adentramos. La concentración de poder económico en pocas manos y las diferencias salariales en el seno de las grandes empresas se hacen insoportables para cualquiera con un mínimo sentido de la decencia. Intermon Oxfam se ha tomado recientemente la molestia de analizar los datos públicos de las empresas cotizadas más relevantes sobre su política retributiva, para concluir (informe Diferencias abismales: el papel de las empresas del IBEX 35 en la desigualdad) que los altos directivos de éstas cobran de media 207 veces el sueldo mínimo de su empresa. Esta tendencia va a más en un contexto de acusada concentración empresarial a escala global y de pérdida de peso del factor trabajo en plena transformación del paradigma productivo, camino de la automatización generalizada y de la desaparición masiva de empleos sustituibles por la inteligencia artificial, sin que en absoluto esté garantizada que la destrucción creativa del capitalismo ofrezca alternativas de empleo accesibles y suficientes para todos.
La desigualdad más hiriente se impone y parece irremediable si nos atenemos a la lógica del sistema. Precisamente las raíces de ésta en los albores del capitalismo industrial, y el carácter dinámico, adaptativo y consustancial de la inequidad desde su origen, tal y como desentraña Gonzalo Pontón en La lucha por la desigualdad (Premio Nacional de Ensayo 2017), arrojan una sombra lóbrega sobre la gestión de la cohesión social, la organización de las relaciones laborales y la distribución del poder económico ante los fuertes cambios que nos depararán las próximas décadas. El debate sobre la reforma ?si ésta es posible- y el gobierno de las corrientes (ya huracanes) del capitalismo tecnológico y financiero del nuevo siglo, sigue no obstante pendiente. Traer a la mesa este dilema en la escala europea y global es necesario, sin perder de vista las pequeñas medidas, necesarias en cada ámbito particular (también en el nivel local), que sirvan para combatir la resignación y para tratar de mitigar, en lo posible, los estragos de este mundo inicuo donde nos toca pelear.