Los magistrados de la Sala de recursos del Tribunal Supremo saben de la importancia de su decisión, que encierra una gran trascendencia política. No todo es blanco o negro; hay matices importantes. Y el pío Oriol Junqueras ni es «un hombre de paz y diálogo», como el mismo se definió; ni inevitablemente volverá a protagonizar movilizaciones hacia la rebelión, como aseguró la Fiscalía. Sin duda el equilibrio, en un momento especialmente complicado, es lo que ha llevado a los magistrados a retrasar su decisión sobre la situación carcelaria del líder de ERC. Porque de ellos depende exclusivamente el futuro político de Cataluña, con lo que eso representa, y que el exvicepresident pueda alcanzar la presidencia de la Generalitat en detrimento del huido Puigdemont. Lo saben bien tanto los responsables de ERC como los miembros del Gobierno de Rajoy que, según parece, todos, verían con muy buenos ojos la libertad del pío líder para que pudiera concurrir a la presidencia y así acabar con Puchi, a quien consideran más radical y menos razonable. Se asegura incluso que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría dio ya los primeros pasos para facilitarle el camino hacia el Govern y que Moncloa hizo llegar al Supremo su interés por ver libre al pío líder catalán. Quizás en esta estrategia haya que situar el «me clavo en el pecho la espada que ya no me servirá para combatir», que nos dejó el poético Oriol y que puede interpretarse como una declaración pública de rendición. Rendición al menos momentánea. No es nada nuevo. Junqueras ya ejerció de intermediario acreditado con Moncloa en el intento fallido por evitar la consulta del 1-O y la declaración de independencia. Y ya entonces demostró tener una extraordinaria sintonía con la vicepresidenta, aunque al final de nada sirvieron los cánticos de optimismo que nos llegaron del entorno de Rajoy. Pasou o que pasou, que diría el recordado Iglesias Corral y ahora se pretende borrón y cuenta nueva. Y eso está en las manos de los miembros del Supremo que no quieren precipitarse, aunque bien podían haber ido avanzando en sus conclusiones en todo este tiempo. Y aunque «la justicia no es moneda de cambio», según se jactó el ministerio público en la vista de ayer, y que la justicia no atiende a otras razones que las propias, en pocas ocasiones una decisión judicial va a tener tanta repercusión política y social como la que a partir de hoy se hará pública. No nos hagamos los inocentes. Los magistrados del Supremo no pueden extraerse al hecho de que el futuro de la Generalitat, de Cataluña y a España pasa, exclusivamente, por su decisión. Y a buen seguro que conocen aquello que dijo Lincoln de que «la más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política».