Cuando se escribe esta crónica todavía no hay decisión del Tribunal Supremo sobre la libertad que solicita Oriol Junqueras. Los jueces de la Sala de Apelaciones posiblemente no tengan idéntico criterio sobre esa decisión, porque todo depende de apreciaciones personales sobre el riesgo de reiteración delictiva. Lo más normal sería que alguno viese, como los fiscales, que ese riesgo existe porque el señor Junqueras no acompaña sus promesas con hechos demostrables. También sería normal que algún juez entendiese que hay que otorgar alguna confianza al preso y no castigarlo con una prisión incondicional que, en delitos de finalidad política, tiene tantos factores de injusticia. La libertad o la prisión de Junqueras ya no es o no debiera ser una decisión únicamente judicial. Tiene consecuencias políticas evidentes. Soltarlo podría ser un buen procedimiento para desactivar a Puigdemont. Afecta a la presidencia de la Generalitat, detalle trascendental en este momento. Afecta a la unidad o el enfrentamiento de las fuerzas nacionalistas. Afecta al victimismo que tanto alimenta los movimientos de secesión. Afecta al espectáculo que se pueda dar al mundo si, por las combinaciones que sean, el Parlamento catalán designa presidente del gobierno regional a un ciudadano acusado de delitos tan graves como los de malversación, sedición o rebelión. Y nadie puede saber cuáles serían los efectos en una sociedad predispuesta a hablar de «presos políticos» y combativa para exigir su libertad. Pero no me puse a escribir solo para hacer este tipo de especulaciones. Lo hice también para plantear algo que me parece de sentido común: ¿Alguien está haciendo algo desde los poderes del Estado, algo que no sea limitarse a contemplar el espectáculo? ¿Alguien está tratando de impedir ese esperpento de un gobierno y su presidente en el exilio o en prisión? ¿Alguien habla con alguien? ¿Alguien abrió alguna vía de negociación para impedir el escándalo mundial? ¿Toda la iniciativa del Estado, de su gobierno, de sus instituciones y organismos públicos, se limita a esperar a ver qué hacen unos jueces con Oriol Junqueras o qué decide por su cuenta desde Bruselas Carles Puigdemont? Si así fuese, y así empieza a parecer, entonces la crisis es más grave de lo que parece. Es una crisis de fortaleza y autoridad institucional, con una patética incapacidad de impedir el tsunami que se está formando ante nuestros ojos. Es una crisis de Estado, que vuelve a demostrar que el Estado es, sigue siendo, el gran ausente de Cataluña. Y es una crisis que seguirá en aumento, porque los independentistas fabrican su hoja de ruta, crecen en el conflicto y, hagan lo que hagan, siempre tienen la posibilidad de ganar.