Este jueves se cumple un año desde que la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado expresase la necesidad de promover un pacto de Estado por la Sanidad. El objetivo del mismo sería «lograr una gestión ágil, común y sostenible de todos los servicios sanitarios para dar respuesta a los desafíos de universalidad, calidad, equidad y sostenibilidad a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud».
Aunque no exista una idea clara acerca de su delimitación y contenido, la idea es un objetivo largamente anhelado, tanto por los responsables políticos cuando llegan al poder (de izquierdas y de derechas) como por los agentes del sector, pues todos coinciden en que resulta esencial preservar al sistema de los vaivenes de las políticas partidarias, dotando de garantías, previsibilidad y estabilidad al marco institucional y financiero. Lo intentó el Informe Abril (1991), promovido por el ministro Julián García Vargas; en 1996 sería el turno de José Manuel Romay Becaría; en el 2004 de Elena Salgado (a instancias del vicepresidente segundo del Gobierno, Solbes) y sería el eje fundamental del mandato de Bernat Soria en la siguiente legislatura.
Más allá de las singularidades territoriales, de los oportunismos electorales y de las consecuencias reales de la crisis económica, el sistema mantiene en gran medida su esencia y existen más elementos comunes que diferencias significativas respecto a su futuro. ¿Por qué no se llega al pacto?