Sorpresa mayúscula: el Consejo de Estado ha asestado un golpe al Gobierno al no apreciar fundamento para impugnar la investidura de Carles Puigdemont. Para decirlo con más exactitud: el Consejo de Estado avala los argumentos jurídicos alegados por el Gobierno, pero discrepa sobre el momento temporal de hacerlo. No ha lugar a impugnar algo que no se ha producido. Lo más curioso es que, desautorizando al Ejecutivo, le da la razón a su presidente, Mariano Rajoy, que el miércoles había dicho literalmente en la entrevista con Alsina: «Estamos preparados para recurrir ante el Constitucional en cuanto se produzca una decisión de la Mesa del Parlament, ya que no se puede recurrir una declaración de intenciones, sino que tiene que producirse un hecho que dé lugar al recurso».
A pesar de esa declaración, algo ocurrió en el seno del gabinete que al día siguiente la vicepresidenta Sáenz de Santamaría anunció lo contrario: petición de dictamen al Consejo de Estado para presentar recurso ante el Constitucional. Entiendo que el Gobierno vio las intenciones independentistas, intuyó una trampa, sospechó que quieren acudir a la vía de los hechos consumados y temió quedar en ridículo ante el conjunto del país, tanto si aparecía Puigdemont, que sería el colmo, como si se producía una investidura telemática.
¿Qué va a ocurrir ahora? Dado que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, mis noticias son que el Gobierno seguirá adelante con el recurso. Y basta que el Constitucional lo admita a trámite para que se suspenda cautelarmente la investidura de Puigdemont. A partir de ahí, dispongámonos a escuchar más acusaciones de «golpe de Estado» y se pondrá en marcha esa liturgia que dice que Rajoy no acepta el resultado de las elecciones, que no respeta el mandato del pueblo catalán y todas las alegaciones populistas y engañosas a las que estamos acostumbrados. Contemos con ello, porque está en el catecismo del buen independentista.
Pero eso es lo de menos. Lo trascendente es que la situación se vuelve cada vez más endiablada. La resolución del Consejo engrandece y hace más creíble al Estado de derecho. Las instituciones demuestran independencia del poder ejecutivo. No hay arbitrariedad. No todo es decir «sí, señor». Pero, pase lo que pase, la verdad sigue siendo terca: no se puede invocar el cumplimiento de la ley y tolerar al mismo tiempo el cachondeo institucional del soberanismo. No se puede apelar al Estado de derecho mientras el Estado de derecho es sometido a la mofa y la trampa. Y no se puede dar el espectáculo al mundo de un aspirante a gobernar que entra en un Parlamento en el maletero de un coche o desde las alcantarillas. Hay cuestiones que afectan a la dignidad.