El Gobierno asumió un claro riesgo cuando decidió impugnar ante el TCE la delirante y provocadora decisión del presidente del Parlamento catalán de proponer como candidato a la Generalitat a un diputado que lleva semanas fugado de la Justicia con el indisimulado propósito de eludir la prisión preventiva por los gravísimos delitos que judicialmente se le imputan. El peligro para el Ejecutivo nacía no solo de la existencia de un dictamen del Consejo de Estado contrario a la impugnación sino también del hecho de que aquella resulta jurídicamente discutible. Discutible sí, porque las sólidas razones del Gobierno para presentar su impugnación (en esencia, que Puigdemont no puede ser candidato si permanece en Bruselas, pero tampoco si regresa a España, donde sería encarcelado de inmediato) tiene un claro un punto débil: que, vuelto a España, detenido y a disposición judicial, podría el juez Llarena poner provisionalmente en libertad a Puigdemont para que defienda su candidatura a presidente. Una posibilidad que resultaría tan esperpéntica, rocambolesca y, a fin de cuentas, bochornosa, como lo está siendo todo el enloquecido procès que con paciencia ignaciana llevamos soportando desde hace meses muchos millones de españoles. Y es que los independentistas no persiguen, ni de lejos, elegir a un presidente que pueda gobernar Cataluña con normalidad los cuatro años de la legislatura, pues saben, como es público y notorio, que la autonomía seguirá intervenida en aplicación del artículo 155 si el elegido quedase imposibilitado para ocupar el cargo por estar huido o en la cárcel. La estrategia del secesionismo sigue siendo la de mantener viva la tensión y subir la apuesta en el desafío al Estado democrático. Por eso, y solo por eso, se han empeñado en la imposible opción de Puigdemont. El Gobierno lo sabe, como lo sabemos millones de españoles, y decidió atacar frontalmente esa estrategia antes de que los secesionistas lograran su objetivo. Tras un largo y duro debate el TCE dictó ayer por unanimidad una resolución que obliga a Puigdemont a regresar a España si quiere que el debate de investidura en el que podría ser elegido presidente se celebre. El TCE determina, además, que ninguno de los diputados fugados podrá ejercer el voto delegado. Esas son las condiciones. Es menos de lo que pedía el Gobierno pero mucho más de lo que los secesionistas han declarado estar dispuestos a aceptar. Si la mayoría independentista en el Parlamento catalán no opta por pasarse de nuevo una resolución del TCE por el arco del triunfo -lo que no cabe descartar- la puerta que le queda a Puigdemont para intentar ser investido presidente es la misma que la que lo conducirá a la cárcel donde están ya los dirigentes que organizaron con él la rebelión secesionista. Si el fugado vuelve a España lo primero no es seguro, pero lo segundo sí.
La estrategia del secesionismo sigue siendo la de mantener viva la tensión