Habló Francisco Correa en el Congreso de los Diputados por videoconferencia. Habló para la comisión que investiga los trapos sucios del Partido Popular. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir: que lanzó insinuaciones lo más alto que pudo; que los diputados de la oposición aprovecharon el trance para arrojar toda la basura que pudieron sobre el PP, sin distinguir la corrupción valenciana de la nacional, y una vez más se hicieron acusaciones extremadamente vagas y difusas, como si corrupción política fuese un pequeño, un anecdótico, fallo administrativo. Por ejemplo, cuando Correa dijo negociar «con el secretario general», se le recordó que en ese tiempo era Rajoy y él tuvo que matizar que con quien más hablaba era con Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato.
Hubo otra frivolidad cuando Correa manifestó, refiriéndose al entonces secretario general: «Creo que daba el OK; pienso que sí». Oiga, señor Correa, está usted hablando de una trama de financiación ilegal. Si no sabe exactamente con quién negociaba, no señale a nadie. Si no sabe quién daba el OK, tenga la humildad de confesar su falta de información, que al fin y al cabo usted era un colaborador externo. El «creo que» y el «pienso que» es muy decente para expresar una opinión sobre cualquier asunto, pero no para poner en cuestión el honor de una persona, sea o no sea presidente del Gobierno.
Este tipo de confesiones son un argumento más para dudar de las comisiones de investigación. Ya es discutible que esté abierta esta de la financiación del PP cuando se celebra el juicio de la trama valenciana y está sub judice todo el entramado de la Gürtel, la Púnica o los papeles de Bárcenas. La comisión se convierte así en un juicio paralelo donde la falta de un juez que imponga su autoridad hace que los protagonistas sean unos diputados que van en busca de titulares y en busca de la condena política de un partido adversario. Esta comisión en concreto no se está desarrollando para que reluzca la inocencia del PP, sino para que desemboque en una condena que se decide por número de escaños y no por la verdad objetiva.
No estoy defendiendo al presidente Rajoy. Estoy propugnando que instituciones y partidos hagan una pequeña reflexión sobre los riesgos de los juicios paralelos. También, por supuesto, los medios informativos, tan proclives a condenar antes de que haya una sentencia. Para esa reflexión aporto una duda: que se pueda encontrar la verdad en interrogatorios que ni siquiera son duros; son auténticos mítines que lo mismo se dan en una sala del Congreso que se podrían dar en una plaza de toros. Y no quiero ni pensar que las futuras conclusiones de los jueces sean distintas de las elaboradas por esta Comisión.