Hace unos días Rajoy pidió a los españoles que, «ahora que las cosas empiezan a ir bien», ahorren, no solo para complementar su pensión pública, sino también con el objetivo de atender a la educación de los hijos o «superar cualquier revés que nos pueda traer la vida». ¿A quién se dirigía el presidente de un país en el que el sueldo más habitual no llega a los 1.000 euros y aún hay 3.766.700 desempleados, más del 40% de ellos sin ninguna cobertura? Desde luego no a esos millones de ciudadanos, con los que muestra una total falta de empatía, ya que su capacidad de ahorro es nula o casi nula y a los que, desde luego, las cosas no les van nada bien. Al actuar como propagandista de los planes privados de pensiones está lanzando el peligroso mensaje de que el sistema público está en riesgo o, por los menos, que no será suficiente para atender en el futuro las necesidades de sus beneficiarios, que cada vez pierden más poder adquisitivo. Pero Rajoy no se quedó allí en su particular sálvese quien pueda, añadió que el ahorro debe servir también para atender a la educación de los hijos. ¿Qué quiso decir? ¿A qué tipo de educación aludía? Es impensable que lo hiciera a la obligatoria y gratuita. ¿De qué tienen que preocuparse los padres con hijos en edad de estudiar? ¿Augura nuevas subidas en las matrículas universitarias? Aun más, ¿esos reveses que nos puede traer la vida se refieren a problemas de salud, que ahora están cubiertos por la Seguridad Social? Rajoy debería aclarar esos polémicos consejos, que generan muchas dudas y podrían interpretarse como un ataque frontal a tres pilares básicos del Estado de bienestar. Con las pensiones, la educación y la sanidad públicas no se juega y quien lo haga puede pagarlo muy caro en las urnas. Máxima atención.