Varapalo constitucional a Rajoy


Puesto que hay dos cataluñas a la greña, las cabezas pensantes del Gobierno han tenido la disparatada ocurrencia de crear también dos redes escolares en aquel país. Dos sistemas educativos con dos lenguas vehiculares y que cada familia elija la que guste. En realidad no se trata de una idea novedosa, sino de un intento de retomar la senda iniciada por la Lomce hace cuatro años, dividir a los niños catalanes por razón de lengua y poner fin al proceso de inmersión lingüística en catalán. Que el Gobierno haya resucitado precisamente ahora tan vidriosa cuestión tiene fácil explicación: el oportunismo y el ataque de nervios. Oportunismo para aprovechar la corriente recentralizadora desatada por el vendaval catalán. Y ataque de nervios producido por la galopada ascendente de Ciudadanos y el afán por demostrarle a Rivera quién la tiene más grande -la bandera, entiéndase- a la hora de defender no la unidad, sino la uniformidad de la patria.

Ha querido el cielo que, antes de que pasaran de las palabras a los hechos, el Tribunal Constitucional frenase el disparate. La primera fase de la demolición, la que lleva la firma del ministro Wert -ese señor que goza de exilio dorado en París por los servicios prestados-, era inconstitucional. Son nulos los artículos de la Lomce que obligaban a la Generalitat a pagar seis mil euros a cada familia para escolarizar a sus hijos en castellano. En centros concertados o privados, por supuesto. El embrión del doble sistema educativo, uno público y en catalán, otro privado y en castellano, ha quedado abortado. Al menos así parece reconocerlo -ahora- el actual ministro del ramo, Méndez de Vigo: «El Gobierno no puede cambiar el sistema educativo de Cataluña con el 155 o sin él». ¡Felicidades por el descubrimiento! Francamente no sé qué haríamos en este país, con un Gobierno en estado de shock, si no contásemos con un Tribunal Constitucional obligado a trabajar a destajo.

Hágase notar que el meollo del problema poco tiene ver con los ropajes argumentales usados interesadamente por tirios y troyanos. Esto no va de supuesto adoctrinamiento en las aulas, porque no hablamos de contenidos o programas. Ni guarda relación directa con el derecho y el deber de todo catalán de conocer sus dos lenguas oficiales: pruebas realizadas por el Ministerio de Educación demuestran que el dominio del castellano por los niños catalanes supera la media española. Tampoco tiene que ver la polémica con el plurilingüismo y la necesidad de aprender cuantos más idiomas mejor. Lo que está en discusión es qué lengua guiará los primeros pasos intelectuales del niño, cuál será la forja de sus primeros pensamientos, su primer eslabón de acceso a la cultura y la llave para el aprendizaje de otros idiomas. Lo que está en discusión es si cada familia tiene derecho a una educación escolar a la carta, en castellano o en catalán, con matemáticas o sin matemáticas, con deberes para casa o sin deberes. La cuestión es si un país puede subsistir con dos lenguas vehiculares y un sistema educativo escindido.

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