¿Cárcel o Nobel para «Lolita»?


A veces, cuando el programa del curso toca el tema de la libertad de expresión y otros derechos conexos, me gusta provocar a los alumnos con preguntas de este tenor: ¿Qué hacemos con Vladimir Nabokov y su Lolita? ¿Lo encerramos en la cárcel por exaltación de la pederastia y el incesto o le concedemos el Nobel de Literatura? La pregunta resulta especialmente pertinente en los días que corren: sospecho que Nabokov, si viviera hoy en este magnífico país llamado España, estaría más cerca de la prisión que del reconocimiento de la academia sueca.

La libertad de expresión, piedra angular de todo sistema democrático, atraviesa horas bajas. La condena de un rapero a tres años y medio de cárcel por la letra de sus canciones, el secuestro cautelar del libro Fariña sobre el narcotráfico gallego o la retirada de una serie de fotografías de Arco por su título -«Presos políticos en la España contemporánea»- son solo tres de los últimos e inquietantes síntomas de la enfermedad.

El año pasado, según el último informe de Amnistía Internacional, la libertad de expresión experimentó en España un serio retroceso, con un crecimiento «desproporcionado» de las restricciones. Hay datos francamente alarmantes en ese informe. En 2011, cuando ETA todavía asesinaba, solo una persona fue condenada por enaltecimiento del terrorismo. Desde que ETA abandonó las armas, 114 personas fueron condenadas por el mismo delito. Entre ellas, Cassandra Vera por divulgar trece chistes sobre el atentado contra Carrero Blanco en 1973, cuyos autores hace años que fueron amnistiados. Y un par de titiriteros pasaron varios días en el calabozo -de donde los quitó el juez- porque sus marionetas exhibieron una pancarta con la leyenda «Gora Alka-ETA».

Antes de que los amantes del orden y los guardianes de la moral me lo hagan saber, lo diré yo: en España existe libertad de expresión. Esto no es Corea del Norte. El artículo 20 de la Constitución consagra ese derecho y también establece límites, singularmente el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Lo que sucede es que, en los últimos años, aquel derecho permanece en estado de hibernación y estos límites se agrandan a golpe de BOE y persecución de facto. Con leyes mordaza y nuevas figuras del Código Penal. Hasta que cunde en la sociedad una interpretación perversa del significado de la libre expresión: el derecho a manifestar aquello que nos agrada a todos y no molesta a nadie. Pues no: la libertad de expresión significa también capacidad de encajar lo que nos desagrada, irrita y ofende. Claro que hay límites, pero la democracia se agrieta si aplicamos la ley del embudo al conjunto de derechos. Si ensanchamos los unos a conveniencia y estrujamos el otro porque amola. Dice el juez González Vega que la libertad de expresión «debe prevalecer sobre otros bienes jurídicos». Dicen las reglas del fútbol que, en caso de duda, el árbitro no debe pitar el fuera de juego. Me temo que muchos árbitros hacen exactamente lo contrario.

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