La celebrada renuncia de Puigdemont a ser investido como presidente de la Generalitat, resulta que era provisional, unida a que se propusiera a Jordi Sánchez que rechazan sus colegas al aducir que debería sucederle el exvicepresident Oriol Junqueras. Se presentaba como el resultado de arduas negociaciones durante el impás permitido por el Tribunal Constitucional, que no necesitaría resolver el recurso presentado por el gobierno; sería suficiente declarar su inadmisión por haber carecer ya de objeto. De otra parte, obligaba al presidente del Parlament a iniciar una ronda de entrevistas para proponer otro candidato. Se reconocía que la investidura telemática era un imposible desde todos los puntos de vista y la personal estaba abocada a la prisión preventiva, que el fugado no está dispuesto a sufrir. Reivindicado en la última sesión del Parlament como legítimo candidato a la presidencia de la Generalitat, Puigdemont se quedaría en su Waterloo como presidente de un curioso Consejo de la República, manteniendo la antorcha de la independencia republicana de Cataluña en su rivalidad con ERC. Hasta tal punto la renuncia fue valorada de un modo positivo para salir del atolladero que contó con varios artífices. Portavoces del PP, el propio Rajoy y, cómo no, Soraya, afirmaron que se debía a la acción decidida del Gobierno, y los de Rivera se apresuraron a apuntarse el tanto. Por supuesto, el artículo 155 de la Constitución tiene mucho que ver, en cuanto acucia a los independentistas a liberarse de «las injerencias del gobierno del Estado» eligiendo presidente que forme un gobierno. Para zanjar las dudas sobre el mantenimiento de la renuncia de Puigdemont lo más directo es que el Constitucional admita a trámite el recurso pendiente. Con todo, la actuación judicial ha sido determinante para Puigdemont y lo será para un encarcelado. Teniendo en cuenta las resoluciones precedentes, lo previsible es que no será autorizado a presentarse en el pleno de investidura si fuera propuesto como candidato. La vuelta a la normalidad de un gobierno judicialmente limpio será, en todo caso, continuidad del anterior, sin declaración unilateral de independencia, que tratará de reconstruir todo lo que pueda de su ideario y de formular reivindicaciones al Estado que «nos roba». Una situación complicada para el gobierno de Rajoy. Ciudadanos se ha subido a la parra envalentonado por su éxito y animado por encuestas publicadas. De aliado ha pasado a ser un opositor en el Parlamento y un rival en sus caladeros electorales. Las malas relaciones no se disimulan. Parece que se ha levantado la veda para acorralar y aislar al PP y a Rajoy. La movilización para el incremento de las pensiones es el último y significativo episodio. Cataluña representaría el Waterloo de Rajoy. En el histórico se debió a la incompetencia de un leal subordinado de Napoleón.