Para un ciudadano normal resulta incomprensible que a un largo período de impunidad de los independentistas, contra la que escribí con frecuencia, le siga una dureza judicial -preventiva- difícilmente compatible con una cultura democrática avanzada. Tampoco se puede entender que las mismas personas a las que nadie pudo parar mientras perpetraban su rebelión a cámara lenta -coram populo, presumiendo de hacerlo, propagando sus incidencias, revelando su intencionalidad y generando normas, comisiones, asesorías y acciones contra el orden político del Estado-, estalle ahora en esta atrabiliaria situación en la que resulta más fácil encarcelar a uno por el riesgo de reiteración delictiva -un supuesto, al fin y al cabo- que por haber gestionado su flagrante levantamiento desde las instituciones del Estado.
La penosa impresión que da nuestra Justicia es que, después de pasar un lustro rumiando sus escrúpulos y su impotencia, sin atreverse a evitar el abuso de poder y el grave desorden político y legal que padecíamos, está aprovechando la aplicación del artículo 155 -que derrumbó los ídolos del independentismo, y puso de manifiesto que no eran extraterrestres con rayo láser, sino celtiberos enriquecidos- para convertirse, en solo tres días, en la clave de bóveda de España, y, en vez de enfocar el final del proceso hacia una inhabilitación ajustada y razonable, con algunos acentos de malversación, se aboca esta triste historia a un proceso por rebelión difícilmente gestionable, que, si se analiza con buena letra, solo pudo ganar su tremenda gravedad gracias a la inaudita inacción que caracterizó a los poderes del Estado -y especialmente al Judicial- durante los cinco años anteriores.
Más de una vez -quizá mil veces- he recordado que, donde hay cientos de concejales y alcaldes inhabilitados por naderías que ruborizan a las piedras, los independentistas catalanes gastaron millones de euros a la vista del público, legislaron a capricho contra la Constitución, mandaron al carajo a toda la estructura tribunalera del Estado, forzaron los controles internos de las Administraciones, y crearon embajadas y estructuras de Estado de cartón piedra, mientras muchos jueces, catedráticos, obispos de Solsona, abaixofirmantes y todólogos discutían si lo mismo que ahora llena las cárceles de independentistas solo era política de gran altura, o una sutil performance del poder ilimitado de las masas.
El paso de unos jueces en extremo escrupulosos a elefantes en una cacharrería no es edificante, ni ayuda, ni es justo. Y por eso me declaro indignado por esta sinfonía carcelaria que, como secuencia del previo silencio coral de los jueces, revienta los encajes de la vida pública. Salvo que también desde el lado de la defensa constitucional, en el que siempre -y con rigor- he militado, se haya decidido tomar el camino del examen de conciencia, dolor de los pecados y cumplir la penitencia.